La libertad religiosa en Cuba resultó afectada nuevamente después de que la Iglesia Episcopal San Francisco de Asís, ubicada en la ciudad de Cárdenas, provincia de Matanzas, denunciara una serie de robos y la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades del régimen cubano.
La congregación aseguró que los hechos afectaron directamente su labor pastoral y comunitaria, al tiempo que advirtió que la impunidad terminó favoreciendo nuevos ataques contra instituciones religiosas.
A través de una declaración pública fechada el 26 de julio de 2026, la Junta Parroquial explicó que el templo sufrió durante el último año varios hechos delictivos que nunca fueron esclarecidos, pese a las denuncias presentadas ante la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y otros organismos estatales.
Según el documento, el primer incidente ocurrió aproximadamente un año atrás, cuando delincuentes robaron un triciclo eléctrico marca Vedga utilizado para transportar ayuda y desarrollar actividades sociales en beneficio de la comunidad.
La iglesia explicó que notificó inmediatamente a las autoridades competentes y a funcionarios de Asuntos Religiosos de Matanzas. Sin embargo, denunció que los investigadores llegaron doce horas después del robo y que, pese a reuniones posteriores con representantes del Ministerio del Interior (MININT), nunca recibieron una respuesta concreta sobre el caso.
La congregación sostuvo que esa falta de resultados marcó el inicio de una cadena de hechos que terminaron debilitando la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad.
Nuevos robos afectaron el funcionamiento del templo
Tres meses antes del comunicado, la parroquia sufrió el robo de dos lámparas solares instaladas para iluminar sus instalaciones.
La Junta Parroquial reconoció que decidió no presentar denuncia debido al desaliento provocado por la inacción mostrada por las autoridades en el caso anterior.
«Ante la experiencia previa de que la policía no hace nada al respecto, optamos por no denunciar, en un acto de desaliento que no debería existir en un Estado de derecho», expresó el comunicado.
No obstante, la situación alcanzó un nuevo nivel el pasado 25 de julio, cuando desconocidos sustrajeron cerca de veinte metros del cableado que alimentaba el sistema solar de la iglesia.
La institución religiosa explicó que ese sistema permitía mantener servicios esenciales para la comunidad, incluyendo el suministro de agua purificada, la preparación de alimentos destinados a personas vulnerables y el desarrollo de los cultos religiosos.
«Este cable no es un lujo: es lo que nos posibilita dar agua purificada a la comunidad, elaborar alimentos para personas necesitadas y realizar nuestros cultos y actividades religiosas. Sin él, nuestra misión de servicio se ve gravemente afectada», afirmó la Iglesia Episcopal.
En esta ocasión, la congregación sí formalizó la denuncia policial y exigió una investigación efectiva.
«No permitiremos que la desidia pasada nos quite el derecho a reclamar justicia«, sostuvo la declaración.
Denunciaron un patrón de ataques contra iglesias en Matanzas
La Iglesia Episcopal San Francisco de Asís afirmó que su caso no resultó aislado.El documento recordó que el pasado 23 de mayo la Iglesia Episcopal San Pablo, ubicada en Bolondrón, también sufrió el robo de una estación solar.
Según la denuncia, el propio líder pastoral recibió una respuesta que consideró alarmante por parte de las autoridades.
«Las autoridades confesaron a su líder pastoral que conocen quiénes son los autores del robo, pero alegan no tener todas las pruebas para detenerlos», indicó el comunicado.
La Junta Parroquial calificó esa explicación como una muestra de «pasividad, falta de voluntad investigativa e impunidad».
Asimismo, recordó que el 7 de junio la Iglesia Episcopal El Buen Pastor, en Güira de Macurije, también fue víctima de un robo similar y que, hasta la fecha, tampoco obtuvo respuestas oficiales.
Para la congregación, estos tres hechos registrados en apenas tres meses evidenciaron un escenario de creciente vulnerabilidad para las comunidades religiosas en Matanzas.
«No podemos seguir viendo estos hechos como robos aislados. Los asumimos como lo que son: un atentado contra esta iglesia y una manera de quebrantar nuestra libertad religiosa«, manifestó.
La iglesia invocó la Constitución cubana
En su declaración, la institución recordó que la Constitución cubana reconoce expresamente el derecho a la libertad religiosa en Cuba.
La parroquia citó el artículo 15 de la Carta Magna, donde se establece que el Estado «reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa», y también hizo referencia al artículo 387.1 del Código Penal, que sanciona a quienes impidan o perturben ceremonias de instituciones religiosas reconocidas.
La Junta Parroquial sostuvo que el robo de los equipos utilizados para desarrollar actividades litúrgicas y sociales no solo constituye un delito patrimonial, sino que también representa una afectación directa al ejercicio del culto.
Desde esa perspectiva, reclamó que las autoridades cumplan con las obligaciones previstas en la legislación vigente y garanticen la protección de las instituciones religiosas.
Exigieron igualdad ante la ley
La Iglesia Episcopal dirigió un llamado directo al Ministerio del Interior, la Policía Nacional Revolucionaria, la Fiscalía, el Poder Judicial y las autoridades del Partido Comunista y del Gobierno provincial para que investiguen los casos y procesen a los responsables.
La declaración también estableció una comparación con la rapidez con la que, según afirmó la congregación, suelen resolverse delitos cometidos contra entidades estatales.
«Cuando se producen robos a instituciones gubernamentales o entidades estatales, las investigaciones se agilizan, se movilizan todos los recursos y los responsables aparecen en tiempo récord. Exigimos que se aplique el mismo celo investigativo», señaló el texto.
Finalmente, la Junta Parroquial aseguró que su denuncia trascendió la situación particular del templo y reflejó un problema que afecta a numerosos ciudadanos de Cárdenas y otras localidades de Matanzas.
La congregación concluyó que la libertad religiosa en Cuba no puede limitarse a una garantía constitucional escrita, sino que debe traducirse en acciones concretas que permitan a las iglesias desarrollar su labor espiritual y social sin temor a ataques, robos o impunidad.
En ese contexto, advirtió que la protección efectiva de los espacios de culto constituye un elemento esencial para el respeto de los derechos fundamentales en la isla y para la confianza de la población en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.