33 años de Caridad Diego en el poder del sistema represor de las Iglesias en Cuba
Una publicación del embajador de Cuba ante la Santa Sede terminó dejando al descubierto un dato que permite dimensionar la permanencia de Caridad Diego dentro de la estructura política que regula los asuntos religiosos en la isla: la funcionaria lleva alrededor de 33 años al frente de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC).
El dato surgió de un comentario publicado por la propia Caridad Diego en Facebook, debajo de un artículo de Prensa Latina compartido por Leyde Ernesto Rodríguez Hernández, actual embajador cubano ante la Santa Sede. En su mensaje, Diego recordó la visita del cardenal Roger Etchegaray a Cuba en 1994 y afirmó que para entonces llevaba “poco más de un año” al frente de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos.
La referencia coincide con registros que sitúan a Diego en ese cargo desde 1993.
Es decir, mientras el artículo de la prensa oficial cubana presentó a Etchegaray como una figura clave del acercamiento entre la Iglesia y Fidel Castro, el comentario de la funcionaria permitió recordar otra historia mucho más prolongada: la permanencia de una dirigente del PCC durante más de tres décadas en la instancia encargada de relacionarse con las comunidades religiosas de la isla.
Tres décadas bajo una estructura de control
La Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos no funcionó simplemente como una dependencia dedicada al diálogo institucional. Informes internacionales y organizaciones defensoras de la libertad religiosa documentaron durante años que el Partido Comunista utilizó esa estructura para supervisar y condicionar la actividad de las iglesias.
La Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) señaló que las autoridades cubanas mantuvieron un marco legal y administrativo que otorgó al Estado amplias facultades para controlar la actividad religiosa. En su actualización de 2026 denunció vigilancia, multas y exilio forzado contra líderes y creyentes, y recomendó nuevamente considerar a Cuba como un país de especial preocupación por sus violaciones a la libertad religiosa.
El Departamento de Estado también documentó que el PCC, mediante su Oficina de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Justicia, reguló distintos aspectos de la vida religiosa. Entre ellos estuvieron el registro de organizaciones, los permisos para construir templos y las condiciones para desarrollar actividades religiosas.
Un informe sobre libertad religiosa correspondiente a 2023 señaló además que sacerdotes críticos del régimen fueron sometidos a vigilancia, intimidación e interrogatorios, mientras que líderes católicos denunciaron presiones para silenciar a religiosos que cuestionaban al poder político.
Por eso, el dato aportado ahora por Diego adquiere relevancia. No se trata únicamente de que una funcionaria haya permanecido 33 años en un cargo. Se trata de que esa permanencia coincidió con décadas de denuncias sobre restricciones a la libertad religiosa y con la utilización de mecanismos administrativos y de seguridad para controlar a comunidades independientes.
Por su parte, el escritor y editor Osvaldo Gallardo González, activista en defensa de la Libertad Religiosa en Cuba, le cuestionó a la funcionaria castrista su cargo como represora y la acusó de tener más de 30 años poniendo trabas a la iglesia dentro de la isla.
«¿Cuándo le vas a pedir la renuncia al Papa? Ya cumpliste más de 75 y más de 30 poniendo trabas a la Iglesia en Cuba. Debías pensártelo, ya es hora; has hecho suficiente mal», respondió al comentario de la funcionaria castrista.
Los cristianos que siguen desafiando al régimen
Los casos recientes muestran que el conflicto entre religión y poder político no pertenece únicamente al pasado.
En octubre de 2026, Ariel Limias Leyva, antiguo pastor de las Asambleas de Dios, fue detenido después de subir las escalinatas del Capitolio de La Habana con una pancarta y gritar consignas contra la dictadura y “¡Viva Cristo Rey!”. Posteriormente fue acusado de “propaganda enemiga contra el orden constitucional” y permaneció incomunicado en Villa Marista, según reportó 14ymedio.
El caso de Anna Bensi también mostró recientemente las consecuencias que pueden enfrentar cubanos vinculados al cristianismo y a la denuncia pública de la realidad nacional. La joven fue condenada junto a su madre a dos años de limitación de libertad después de grabar y publicar imágenes de un agente vestido de civil que les entregaba una citación de la Seguridad del Estado.
A esto se sumaron durante años los casos de sacerdotes que denunciaron la crisis social y política.
El sacerdote católico Alberto Reyes, por ejemplo, mantiene una posición pública crítica frente al sistema comunista y denuncia las restricciones a las libertades fundamentales. El padre Lester Rafael Zayas Díaz también denunció agresiones contra bienes vinculados a su parroquia, en un contexto en el que había cuestionado públicamente al régimen.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos documentó, por su parte, al menos 873 violaciones a la libertad religiosa durante 2025 y señaló que las comunidades más vigiladas fueron aquellas que asumieron posiciones críticas frente a la crisis nacional o prestaron ayuda de manera independiente.
El dato que dejó la propia funcionaria
En ese contexto, el comentario de Caridad Diego adquiere una dimensión que va más allá de la anécdota sobre el cardenal Etchegaray.
Su propia referencia permitió establecer que ya ocupaba la jefatura de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos en 1993. Treinta y tres años después, su nombre continúa asociado a la estructura del PCC que interviene en los asuntos de las iglesias.
La historia que Diego recordó como un período de acercamiento entre Fidel Castro y la Iglesia también permite observar la otra cara de esas relaciones: una estructura política que mantuvo durante décadas mecanismos de supervisión sobre las comunidades religiosas.
Mientras funcionarios cubanos reivindican los canales de diálogo abiertos durante aquellos años, los casos de creyentes, pastores y sacerdotes sometidos a vigilancia, amenazas, interrogatorios, restricciones y procesos judiciales mantienen abierta la discusión sobre el verdadero alcance de la libertad religiosa en la isla.
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Autor de Cuba Trendings
