Leidy, de 29 años de edad y residente  en la localidad del Junco en la ciudad de Cienfuegos, era madre de un bebé de 9 meses de edad.

La chica tomó un coche de caballos para que la trasladara hacia su vivienda el pasado 16 de Septiembre e inmediatamente, cuando se bajó frente a la parada más cercana a su casa llamó por teléfono a su esposo.

«Ya me bajé del coche, ya voy llegando», le dijo. Pero la joven desafortunadamente nunca llegó.

Según el sitio web CiberCuba, quien entrevistó a un vecino bajo anonimato declaró que «enseguida su esposo y sus familiares dieron parte a las autoridades correspondientes acerca de la desaparición de la joven”.

Según él señor, no se actuó inmediatamente después de haber reportado la desaparición.

“Esto se puso malo, pero malo; en uno de esos lugares a los que fue la madre, el petate que dio fue tan grande, que dicen que Raúl se enteró y desde La Habana mandaron una orden: 24 horas para que aparezca viva o muerta», comentó el entrevistado.

«Las famosas boinas negras vinieron a nuestro barrio. Lo primero que hicieron fue arrestar a «El Niño», un joven que en otras ocasiones lo habían acusado de violador», agregó.

El vecino de Leidy Laura dijo que se comenta que al Niño lo “maduraron” tanto que confesó que entre él y dos hombres más uno de ellos guardia activo en el Servicio Militar, violaron y después asesinaron a la chica.

El hecho se ha dado a conocer inmediatamente a través de las redes sociales.

Juan Carlos Muñoz Ortega, que al parecer conoce lo acontecido, publicó en su cuenta de Facebook fotografías de los autores hecho y de las víctima, siendo objeto de repudio por las personas que tienen acceso a esta red social.

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La nota fue difundida por el periodista José Ortiz Benet, del Telecentro Golfovisión, quien condenó estas “execrables acciones” para las cuales la ley estipula sentencias desde 3 meses hasta 1 año de privación de libertad.

Foto: José Ortiz Benet

Así lo dispone el Título III del Código Penal de la República de Cuba, en el aparte Contra la Seguridad Colectiva, específicamente el capítulo V artículo 188.

Los individuos que fueron procesados por el Tribunal Municipal de Manzanillo son Rafael Aquiles Rivero y Caridad de las Mercedes Ortiz Rodríguez, administrador y responsable de la gestión documental en el camposanto.

Ambos declararon que desconocen quién o quienes exhumaron ilegalmente un cadáver en el pasado mes de abril con 10 meses y 6 días de haber sido enterrado.

La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) investiga el paradero de la occisa, en cuya morada apareció otra persona fallecida, según el testimonio de los familiares que ordenaron la investigación tras detectar el terreno removido.

Ortiz Benet precisa que en los últimos 5 años varias han sido las quejas sobre la profanación de tumbas en el cementerio manzanillero.

Los hechos delictivos incluyen robos de anillas y elementos ornamentales, cristales, prendas de los fallecidos e irregulares situaciones con los enterramientos.

El periodista y escritor manzanillero Giordan Rodríguez Milanés adelantó que el Tribunal sancionó a los dos ex-trabajadores del cementerio a apenas un año de prisión por responsabilidad administrativa y prometió un próximo reportaje sobre el tema.

Rodríguez Milanés aseguró que hasta este minuto, no se ha realizado «una investigación criminalística que permita ubicar a los responsables directos de tal execrable acto, o se encuentre una pista del destino final de los restos.» 

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