La misiva  está firmada por un grupo de 130 veterinarios y especialistas de casi toda la isla, solicitando modificaciones al Decreto 20/2020.

La disposición legal, publicada el 29 de enero de 2021, tiene que ver con contravenciones de la medicina veterinaria, y estableció aquellas conductas inadecuadas en el sector, las sanciones a imponer y las vías para tramitar las inconformidades resultantes de su aplicación.

La misiva, que tuvo al activista por el bienestar animal Javier Larrea como asesor, advirtió que una de las cuestiones que mayor impacto causó entre la ciudadanía y los practicantes fue la prohibición del ejercicio de la profesión por cuenta propia.

El documento recordó que en ese sentido «se estipula, además, una de las sanciones más graves de las dispuestas por el Decreto».

Según la carta, la experiencia ha demostrado que el Estado no cuenta con los «recursos necesarios para brindar servicios veterinarios de calidad ni está en condiciones de satisfacer todos los que la población cubana demanda (…). Nadie puede negar que han sido justamente esa insatisfacción y la demanda creciente de servicios veterinarios en nuestra sociedad, las que han hecho emerger a los veterinarios por cuenta propia. Que tampoco son una figura nueva en nuestro país pues siempre existieron».

Los firmantes, entre los que cuentan profesores universitarios y activistas por el bienestar animal, aseguran que el foco tanto en la parte formativa como en la atención se puso en especies destinadas a la alimentación, y quedó relegado el tratamiento a los animales de compañía.

«Incluso en la actualidad, a pesar de perfeccionarse y ampliarse los planes de estudio de la carrera, el servicio estatal y las principales regulaciones continúan centrándose en los animales llamados de producción», expresó la misiva.

«Por otro lado, las clínicas estatales que brindan servicios veterinarios a los animales de compañía, como la conocida clínica de Carlos III, en la capital del país, otras en las provincias, y los consultorios municipales (que no han llegado a constituirse en todos los territorios), no cuentan con un abastecimiento constante de medicamentos».

Entre los signatarios de la carta también cuentan productores agropecuarios de empresas estatales.

En el mes de marzo se espera la aprobación de una Ley por el bienestar animal, demanda antigua y reiterada desde la sociedad civil por más de 30 años.

 

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