El arzobispo de Oklahoma City, Paul Stagg Coakley, lamentó la ejecución de Carlos Cuesta-Rodríguez, cubano de 70 años condenado a muerte por el asesinato de Olimpia Fisher, y reiteró la oposición de la Iglesia católica a la pena capital, al reclamar un sistema de justicia que preserve la posibilidad de redención incluso para quienes cometieron delitos graves.
Cuesta-Rodríguez murió mediante inyección letal el jueves 13 de agosto en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma, en McAlester. Había sido condenado por el asesinato en 2003 de Fisher, su pareja, con quien compartía una vivienda en Oklahoma City.
“Hoy, siento tristeza mientras la pérdida de vida continuó con la ejecución de Carlos Cuesta-Rodriguez mediante inyección letal”, expresó Coakley en su declaración.
El arzobispo pidió oraciones tanto por Fisher y sus familiares como por Cuesta-Rodríguez y su familia, mientras defendió una concepción de la justicia basada en la dignidad de la vida humana.
“Oremos todos y trabajemos por una forma de justicia más humana, una que mantenga la esperanza de redención y respete la dignidad dada por Dios de cada vida, incluso para aquellos que han cometido un grave crimen”, señaló.
El crimen que llevó a Cuesta-Rodríguez al corredor de la muerte
Los registros judiciales indican que la relación entre Cuesta-Rodríguez y Fisher atravesó un progresivo deterioro. El cubano sospechaba que su pareja le era infiel y la relación llegó a un punto en el que ambos querían que el otro abandonara la vivienda que habían adquirido juntos.
El 31 de mayo de 2003, durante una confrontación en la casa, Cuesta-Rodríguez disparó contra Fisher. Según la Fiscalía General de Oklahoma, efectuó un primer disparo en uno de sus ojos mientras la hija embarazada de 18 años de la víctima se encontraba a pocos metros. Aproximadamente ocho minutos después, realizó el segundo disparo, que resultó mortal.
Un jurado lo declaró culpable de asesinato en primer grado e impuso la pena capital después de considerar que el crimen fue especialmente atroz, cruel o despiadado y que el acusado representaba una amenaza continua para la sociedad. La Corte de Apelaciones Penales de Oklahoma confirmó posteriormente la condena.
Antes de la ejecución de Carlos Cuesta-Rodríguez, la Junta de Indultos y Libertad Condicional rechazó por 3 votos contra 1 recomendar clemencia. Durante aquella audiencia, el propio condenado afirmó que no quería clemencia ni misericordia y explicó que compareció para pedir perdón a las hijas de Fisher.
Coakley reconoció en su pronunciamiento el sufrimiento de las víctimas y sus familiares, pero sostuvo que una condena de cadena perpetua puede proteger a la sociedad sin recurrir a la ejecución.
“El castigo capital no proporciona justicia. Nuestras prisiones modernas son seguras. El encarcelamiento de por vida ofrece la garantía de que los ciudadanos no están en riesgo. Y permite una conversión de corazones”, afirmó el arzobispo.
La ejecución de Carlos Cuesta-Rodríguez fue la tercera realizada por Oklahoma durante 2026 y coincidió con otras dos ejecuciones mediante inyección letal en Tennessee y Alabama, una circunstancia que no ocurría en Estados Unidos desde 2010.
La posición expresada por Coakley, quien además es presidente de la Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos desde 2025, se enmarca en la doctrina vigente de la Iglesia católica sobre la pena de muerte. El Catecismo establece que la pena capital es “inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona” y señala que la Iglesia trabaja por su abolición en todo el mundo.
Esa formulación fue incorporada al Catecismo en 2018 durante el pontificado de Francisco. La modificación sostuvo que, aunque durante mucho tiempo se consideró aceptable recurrir a la pena de muerte en determinados casos, actualmente existe una mayor conciencia sobre la dignidad humana y se desarrollaron sistemas de detención capaces de proteger a la sociedad sin privar definitivamente al condenado de la posibilidad de redención.
La oposición católica a la pena capital también concede un lugar central a las víctimas de los delitos y a sus familiares. En ese sentido, el planteamiento de Coakley no minimizó la gravedad del asesinato de Olimpia Fisher ni el sufrimiento provocado a su familia. El arzobispo pidió expresamente acompañar y orar por quienes enfrentaron las consecuencias del crimen, al tiempo que defendió que la respuesta del Estado no debe implicar otra pérdida deliberada de una vida humana.
Desde esa perspectiva, el llamado del arzobispo tras la ejecución de Carlos Cuesta-Rodríguez reflejó un principio que la Iglesia ha reforzado en las últimas décadas: incluso una persona declarada culpable de un crimen grave conserva su dignidad humana y la posibilidad de arrepentimiento y conversión. De allí que Coakley planteara la cadena perpetua como una alternativa que permite proteger a la sociedad y castigar el delito sin recurrir a la pena capital.
NOTA RELACIONADA: María Elvira Salazar presenta al Papa León XIV la Ley Dignidad y aboga por los inmigrantes en EE.UU. (+VIDEO)