Cuba y Nicaragua se consolidaron como los principales focos de persecución religiosa en América Latina, bajo modelos autoritarios que recurren al aparato estatal, la vigilancia, las restricciones administrativas y la represión policial para controlar a iglesias y comunidades de fe, según el Índice Global de Persecución 2026 elaborado por International Christian Concern (ICC).
El nuevo informe colocó a ambos países bajo especial atención dentro de la región y advirtió que, a diferencia de zonas de África y Asia donde los cristianos enfrentan asesinatos, secuestros, desplazamientos y ataques de organizaciones extremistas, en territorio latinoamericano la presión contra los creyentes adoptó principalmente una estructura institucional.
En Cuba, ese modelo se asentó durante décadas y subordinó buena parte de la actividad religiosa a mecanismos de autorización y supervisión del Estado. En Nicaragua, en cambio, la ofensiva se aceleró particularmente desde las protestas antigubernamentales de 2018, cuando templos y religiosos auxiliaron a manifestantes heridos.
“La fe en América Latina ha sido durante mucho tiempo inseparable del tejido social en la vida cotidiana”, señaló el estudio al analizar la situación regional. Sin embargo, la ICC advirtió que esa presencia histórica de las iglesias afronta actualmente fuertes presiones en determinados sistemas autoritarios.
“Desde la isla caribeña de Cuba hasta Nicaragua, gobiernos autoritarios han identificado a la Iglesia no como una aliada de la vida cívica, sino como un poder rival que debe ser quebrantado. Las crisis más graves de libertad religiosa en América Latina se desarrollan bajo gobiernos socialistas y comunistas”, indicó el reporte.
Cuba mantiene un sistema de control sobre las iglesias
El caso cubano presenta características particulares debido a la permanencia durante décadas de una estructura estatal destinada a supervisar las actividades religiosas.
Las organizaciones religiosas en la isla están sometidas al control de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), una dependencia política que interviene en cuestiones relacionadas con permisos, funcionamiento de templos y otras actividades desarrolladas por comunidades de fe.
El Índice Global de Persecución citó cifras de Christian Solidarity Worldwide (CSW), organización que documentó durante 2024 unas 1,898 acciones gubernamentales relacionadas con violaciones de la libertad religiosa, agrupadas en 624 casos.
Estas cifras reflejaron que la persecución religiosa en América Latina no necesariamente necesita alcanzar los niveles de violencia física observados en otras regiones para convertirse en una herramienta de presión sistemática.
En el régimen de Cuba, las restricciones pueden manifestarse mediante vigilancia, citaciones, amenazas, limitaciones para desarrollar determinadas actividades, obstáculos burocráticos y medidas dirigidas contra líderes religiosos que mantienen posiciones independientes o cuestionan políticas gubernamentales.
El informe comparó determinadas características del sistema cubano con mecanismos utilizados en países como China y Vietnam, donde las organizaciones religiosas deben desenvolverse dentro de estructuras toleradas o supervisadas por las autoridades.
Nicaragua aceleró la ofensiva contra católicos y evangélicos
Mientras el régimen castrista mantuvo un modelo desarrollado durante décadas, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo protagonizó una escalada mucho más rápida.
La ICC describió a Nicaragua como el caso más agresivo de represión religiosa de América Latina.
Desde las protestas de 2018, las autoridades encarcelaron o expulsaron a religiosos, restringieron procesiones, clausuraron instituciones vinculadas con comunidades de fe y cancelaron la personalidad jurídica de numerosas organizaciones.
El Índice Global de Persecución 2026 indicó que el Ministerio del Interior nicaragüense revocó la autorización de más de 5,000 organizaciones no gubernamentales.
“En una purga masiva realizada durante un solo día de agosto de 2024, el Ministerio declaró ilegales a 1,500 organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas de carácter religioso. El gobierno también confisca con frecuencia los bienes de estas organizaciones y encarcela o exilia a sus dirigentes”, documentó la ICC.
La ofensiva afectó particularmente a la Iglesia católica, aunque progresivamente alcanzó también a comunidades evangélicas.
El régimen Ortega-Murillo interpretó como una amenaza política el papel que desempeñaron sacerdotes y templos durante las protestas de 2018, cuando numerosas parroquias ofrecieron refugio o asistencia a personas heridas.
A partir de entonces, la presión sobre las iglesias pasó a formar parte de una estrategia más amplia para reducir los espacios independientes dentro de la sociedad nicaragüense.
Represión burocrática y policial distingue al modelo latinoamericano
El estudio estableció una diferencia importante entre la persecución religiosa en América Latina y las formas de violencia contra cristianos registradas en otros continentes.
En determinadas regiones africanas, organizaciones extremistas ejecutaron ataques contra comunidades religiosas, provocaron desplazamientos masivos y asesinaron o secuestraron a creyentes. En América Latina, particularmente en Cuba y Nicaragua, la represión adquirió un carácter predominantemente estatal.
Registros obligatorios, confiscaciones, vigilancia, interrogatorios, prohibiciones, encarcelamientos, expulsiones y controles sobre las actividades públicas aparecen entre los instrumentos utilizados para limitar la autonomía de las iglesias.
Ese mecanismo permite a gobiernos autoritarios ejercer presión sin plantear necesariamente como objetivo oficial la eliminación del cristianismo. La prioridad consiste en impedir que instituciones religiosas independientes se conviertan en espacios de organización social, denuncia o cuestionamiento al poder político.
Nadine Maenza, copresidenta del International Religious Freedom (IRF) Secretariat y exintegrante de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, destacó la necesidad de atender estos patrones.
“Es urgente trabajar unidos para fortalecer las condiciones de libertad religiosa, tanto en estos países como a nivel mundial, ya que no puede haber paz ni estabilidad duraderas sin ella”, afirmó.
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