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El PCC proclama «unidad» con las iglesias mientras persisten las denuncias de violaciones a la libertad religiosa en Cuba

La Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista celebró una reunión con representantes de las distintas iglesias en Cuba, mientras pastores evangélicos, activistas cristianos y otros creyentes enfrentaron detenciones, procesos judiciales y restricciones por sus actuaciones públicas.

Este encuentro, en el que la dictadura proclamó la «unidad» con las distintas organizaciones que profesan la fe en la isla, ocurre en medio de un contexto en donde la represión religiosa se ha intensificado.

En ese sentido, se conoció que la reunión estuvo encabezada por Caridad Diego Bello, jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos, y Josefina Vidal Ferreiro, viceministra de Relaciones Exteriores. El discurso oficial destacó la colaboración con las iglesias, pero no abordó públicamente los casos de religiosos que terminaron bajo custodia de las autoridades o recibieron condenas en las últimas semanas.

Según la información oficial, la reunión constituyó una «práctica habitual de diálogo» destinada a «reiterar el agradecimiento del país por el trabajo social que desempeñan las iglesias» y promover «la colaboración entre el gobierno y las iglesias cubanas».

Sin embargo, los acontecimientos recientes expusieron las dificultades que enfrentaron diferentes comunidades cristianas cuando sus integrantes expresaron posiciones críticas, convocaron actividades de oración o acompañaron a personas perseguidas por motivos políticos.

«Durante el intercambio se reconoció que las acciones comunitarias desarrolladas por las instituciones religiosas resultan necesarias y útiles para el impacto positivo de las transformaciones económicas y sociales que se implementan en la nación», precisó el comunicado oficial de la dictadura sobre la reunión.

Pastores encarcelados por sus actividades públicas

Uno de los casos más graves fue el del pastor evangélico Maikel Pupo Velázquez, líder de la Iglesia Palabra de Fuego Bendición Sagrada, en Camagüey. Las autoridades lo detuvieron el 26 de septiembre de 2026 después de que convocara una jornada de oración pública por Cuba.

El religioso canceló la actividad tras recibir una advertencia oficial y acudió solo al lugar previsto. Aun así, terminó arrestado y acusado de «desobediencia». Permaneció nueve días incomunicado y continuó recluido en la prisión Cerámica Roja, según los reportes publicados por medios independientes y organizaciones de derechos humanos.

El caso generó preocupación entre creyentes y defensores de la libertad religiosa, debido a que la convocatoria tuvo un propósito de oración por la nación. La detención planteó interrogantes sobre las condiciones en las que los cristianos pudieron organizar encuentros públicos sin exponerse a represalias de las autoridades.

La situación de Pupo no fue un episodio aislado. El 2 de octubre, el pastor pentecostal Ariel Limias Leyva terminó detenido después de exhibir un cartel en la escalinata del Capitolio Nacional, en La Habana, con los mensajes «Abajo la dictadura» y «No más discriminación política absurda».

El religioso fue trasladado a Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado, y enfrentó una posible acusación de «propaganda contra el orden constitucional». Su protesta vinculó su identidad cristiana con un reclamo político contra la discriminación y el sistema de poder establecido en la isla.

Condenas contra Anna Bensi y su madre

La persecución denunciada también alcanzó a la joven creadora de contenido cristiana Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y a su madre, Caridad Silvente.

El 1 de octubre, el Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este condenó a ambas a dos años de limitación de libertad por grabar y publicar un video de un agente del Ministerio del Interior que acudió a su vivienda para entregar una citación de la Seguridad del Estado.

Durante el juicio, el pastor Rolando Pérez Lora, conocido como «Pregonero de Cristo», fue detenido violentamente cuando intentó acompañar a las dos mujeres como muestra de solidaridad.

La respuesta de distintos sectores cristianos no tardó en manifestarse. El obispo de la Iglesia Episcopal en Cuba, Ángel Roberto Rivera Rodríguez, y otros 21 clérigos denunciaron el uso de la violencia, la intimidación y el acoso policial contra quienes expresaron su descontento.

En una carta, los religiosos señalaron las consecuencias de estas actuaciones para las familias cubanas, especialmente para los jóvenes, y recordaron que el derecho a la expresión está reconocido en la Constitución de la isla.

La declaración se sumó a pronunciamientos de la Convención Bautista de Cuba Occidental, la Iglesia Evangélica Pentecostal en Cuba, la Iglesia Metodista de Cuba, la Liga Evangélica de Cuba y la Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas, que expresaron su solidaridad con Anna Bensi y su madre.

Ocho y diez años de cárcel para los jóvenes de El4tico

Otro proceso que preocupó a sectores cristianos fue el de Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, integrantes del proyecto digital El4tico. Ambos fueron detenidos el 6 de febrero de 2026 en Holguín, donde grababan videos críticos sobre la situación nacional y las autoridades desde un pequeño estudio improvisado.

Medina se identificó públicamente como cristiano y defendió una visión de la fe centrada en Jesucristo. En la pizarra de su espacio de trabajo aparecieron mensajes como «Solo Cristo Salva» y «Jesús es el Señor, no el PCC».

La Fiscalía Provincial de Holguín solicitó ocho años de prisión para Medina y diez para Zayas por presuntos delitos de propaganda contra el orden constitucional, difamación de instituciones y héroes, e instigación a delinquir. Ambos permanecieron más de ocho meses en prisión provisional y el tribunal ordenó la apertura de juicio oral.

El control estatal sobre las iglesias en Cuba

El pastor bautista Mario Félix Lleonart, fundador del Instituto Patmos y exiliado en Estados Unidos, cuestionó reiteradamente el papel de la Oficina de Asuntos Religiosos bajo la dirección de Caridad Diego.

Lleonart sostuvo que esa dependencia funciona como un instrumento del régimen para controlar la práctica religiosa y condicionar las posiciones públicas de los líderes eclesiásticos. También denunció que sus atribuciones sobre el registro de iglesias y asociaciones permitieron ejercer presión sobre las congregaciones.

La represión religiosa en Cuba quedó así vinculada a una contradicción entre el discurso institucional de cooperación y los casos de creyentes que enfrentaron consecuencias judiciales o policiales.

Para las comunidades cristianas, el desafío no se limitó a celebrar cultos o desarrollar labores de asistencia social. También incluyó la posibilidad de expresar preocupaciones sobre la crisis nacional, acompañar a familias de presos políticos y defender derechos sin exponerse a represalias.

Mientras el Comité Central promovió su imagen de diálogo con las iglesias, los casos de Maikel Pupo, Ariel Limias, Anna Bensi, Caridad Silvente y los jóvenes de El4tico mantuvieron abierta la discusión sobre las garantías reales de la libertad religiosa en la isla. La represión religiosa en Cuba continuó siendo una preocupación para los creyentes y las organizaciones que denunciaron restricciones a la libertad de conciencia y expresión.

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Autor de Cuba Trendings

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