De la oración a la cárcel: los casos de represión religiosa que sacuden a Cuba
El informe mensual de Prisoners Defenders documentó el encarcelamiento de un pastor evangélico tras convocar una oración pública por Cuba y recogió otros casos de hostigamiento, detenciones y procesos penales contra integrantes de comunidades cristianas.
La organización registró 1.351 presos políticos al cierre de septiembre, la cifra más alta de su serie histórica, tras incorporar 50 nuevos casos y contabilizar 38 bajas.
La documentación puso el foco en una modalidad de represión que afectó tanto a líderes religiosos como a laicos, creadores de contenido cristiano y personas que intentaron acompañar a otros perseguidos por el régimen castrista.
Entre los casos señalados figuraron el pastor Maikel Pupo Velázquez, el laico católico Elías Heli González Palma y el custodio evangélico Guillermo Lázaro Duarte Conde, encarcelados en circunstancias diferentes.
El informe también incluyó episodios ocurridos durante los primeros días de octubre, posteriores al período estadístico, que evidenciaron la continuidad de la presión contra las voces cristianas críticas y sus redes de solidaridad.
Maikel Pupo: encarcelado después de convocar una oración por Cuba
Uno de los casos centrales del informe fue el del pastor evangélico Maikel Pupo Velázquez, líder del Ministerio Palabra de Fuego Bendición Sagrada, en Camagüey, e integrante de la Alianza de Cristianos de Cuba.
Pupo fue detenido el 26 de septiembre, después de convocar a varias iglesias a participar en una oración pública por el país. Según Prisoners Defenders, las autoridades le advirtieron que no realizara la convocatoria y el religioso pidió a los participantes que no acudieran para evitar incidentes. A pesar de cancelar el encuentro colectivo, fue arrestado cuando se presentó solo en el lugar previsto.
El pastor permanecía en prisión provisional en la cárcel Cerámica Roja, en Camagüey. La organización Christian Solidarity Worldwide informó posteriormente que fue acusado de desobediencia y que pasó nueve días incomunicado antes de su traslado a prisión. Además, el pastor Darlon Bermúdez denunció que las autoridades le negaron la libertad bajo fianza.
La persecución contra Pupo no comenzó con este arresto. En julio de 2025, el religioso fue detenido cuando visitó a Marta Perdomo Benítez, madre de los presos políticos Jorge y Nadir Martín Perdomo, para entregarle medicamentos destinados a su nieta. Tras aquella detención, permaneció bajo vigilancia policial y sufrió restricciones de movimiento.
Elías González y Guillermo Duarte: presos tras protestas por servicios básicos
El documento también recogió los casos de dos integrantes de comunidades cristianas encarcelados en el contexto de protestas relacionadas con la falta de electricidad y agua potable.
Elías Heli González Palma, laico católico vinculado a la capilla del Sagrado Corazón, fue detenido en junio de 2026 después de acudir a una citación policial en Diez de Octubre, La Habana. Según un allegado, las autoridades lo relacionaron con los cacerolazos porque golpeaba un objeto metálico desde el interior de su vivienda para reclamar servicios básicos.
Acusado de desórdenes públicos, permanecía en prisión provisional en Valle Grande. Su encarcelamiento también interrumpió su labor comunitaria, que incluía preparar alimentos gratuitos para ancianos y colaborar con Alcohólicos Anónimos. González tenía, además, la custodia de sus dos hijos menores.
El otro caso correspondió a Guillermo Lázaro Duarte Conde, custodio y miembro de la Iglesia Evangélica de Rocafort, detenido el 7 de julio en su vivienda de San Miguel del Padrón, La Habana, tras una protesta vecinal por la falta de agua y electricidad.
De acuerdo con el testimonio de su hermano, Ramón Duarte Conde, su intervención se limitó a arrojar una bolsa de basura a una fogata encendida por los vecinos. Fue trasladado a Valle Grande, donde continuaba en prisión provisional.
Su familia denunció que presenta una discapacidad intelectual, condición que aumenta su vulnerabilidad dentro del sistema penitenciario. El pastor de su iglesia realizó gestiones para conseguirle representación legal, mientras vecinos firmaron una carta en su defensa.
Aunque estos dos arrestos ocurrieron antes de septiembre, Prisoners Defenders los incluyó para ilustrar la persecución contra cristianos que participaron en protestas o desarrollaron labores de asistencia social.
Anna Bensi y su madre: condenadas por un video
La persecución también alcanzó a Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, joven creadora de contenido cristiano, y a su madre, Caridad Silvente Laffita.
El 1 de octubre, el Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este las declaró culpables y anunció para ambas una condena de dos años de privación de libertad subsidiada por limitación de libertad, por el supuesto delito de actos contra la intimidad personal y familiar.
La causa estuvo relacionada con un video grabado por Caridad en su vivienda y publicado por Anna en redes sociales, en el que aparecía un agente vestido de civil entregándole una citación. Prisoners Defenders señaló que el procedimiento había sido sobreseído en abril y posteriormente reabierto.
Ambas sufrían desde marzo medidas de reclusión domiciliaria y amenazas. Durante un interrogatorio, agentes de la Seguridad del Estado amenazaron a Caridad con hasta cinco años de prisión y la responsabilizaron por permitir que su hija denunciara la realidad cubana en redes sociales.
El día del juicio, la represión se extendió a quienes intentaron acompañarlas. El informe documentó vigilancia policial, restricciones de movimiento y detenciones para impedir que religiosos y simpatizantes acudieran al tribunal.
Pastores y creadores cristianos también sufrieron detenciones y amenazas
Entre los afectados estuvo el pastor evangélico Rolando Fidel Pérez Lora, conocido como «Pregonero de Cristo» e integrante de la Alianza de Cristianos de Cuba. Fue interceptado el 1 de octubre cuando se dirigía al juicio de Anna Bensi y su madre.
Según el informe, varios agentes lo tiraron al suelo, lo esposaron y lo introdujeron en un vehículo policial. Tras su liberación, denunció un interrogatorio violento y amenazas contra su familia para que él y su grupo dejaran de expresarse públicamente.
Otro caso fue el de David Espinosa Martínez, creador de contenido cristiano y productor audiovisual de la Iglesia Bautista El Calvario. Fue detenido después de dejar a su hijo en la escuela, cuando se dirigía al tribunal para acompañar a Anna y Caridad.
Las autoridades lo trasladaron a la séptima estación policial de La Lisa bajo una acusación de supuesto robo de piezas de un triciclo, que él negó. Prisoners Defenders señaló que solo le permitieron salir después de concluir la vista oral, lo que, según la organización, evidenció el propósito de impedir su presencia en el juicio.
También fue detenido Josué Moreno, de 20 años y amigo de Anna desde la infancia, después de acompañarla frente al tribunal. Su tía informó que fue liberado el 3 de octubre tras recibir una multa de 600 pesos, aunque continuó bajo hostigamiento.
El informe añadió el caso de Anthony Martínez, artista y creador de contenido cristiano de San Antonio de los Baños, Artemisa. Había sido interrogado el 24 de septiembre por sus publicaciones y volvió a ser citado el 5 de octubre.
Según su testimonio, los agentes lo amenazaron con encarcelarlo si publicaba nuevos videos y trataron de obligarlo a firmar un compromiso para dejar de cuestionar al régimen y limitar sus contactos con personas vinculadas a la disidencia. Martínez se negó a firmar.
Ariel Limias: otro pastor detenido tras protestar frente al Capitolio
El informe también incorporó, por su gravedad, el caso del pastor cristiano Ariel Limias Leyva, detenido el 2 de octubre, fuera del período estadístico de septiembre.
Limias, quien ejerció como pastor de la Iglesia Asamblea de Dios y residía en La Habana Vieja, protagonizó una protesta pacífica frente al Capitolio Nacional. Portaba carteles con mensajes como «Abajo la dictadura», «Patria y Vida y Libertad» y «No más discriminación política absurda».
Fue trasladado inicialmente a la estación policial de Dragones y, según su esposa, Yulia Morales Zamora, permaneció incomunicado y sometido a interrogatorios. Posteriormente, las autoridades informaron a la familia de una acusación por propaganda enemiga contra el orden constitucional.
Su situación resultó especialmente preocupante por sus antecedentes médicos: según sus familiares, sufrió un infarto en enero de 2026, acompañado de una parada cardiorrespiratoria de quince minutos, y necesitaba mantener un tratamiento estricto.
Una represión que afecta a las comunidades cristianas
Los casos de represión religiosa en Cuba recogidos por Prisoners Defenders describieron un patrón de presión que no se limitó a los pastores encarcelados. También afectó a laicos, activistas, creadores de contenido y personas que acompañaron a familiares de presos políticos.
El informe recordó que un estudio de la organización publicado en 2022, basado en declaraciones de 56 líderes religiosos y laicos de nueve provincias, documentó que el 93 % de los consultados había sufrido actos represivos, el 84 % amenazas y el 46 % detenciones arbitrarias por motivos relacionados con el pensamiento, la conciencia o la religión.
Al cierre de septiembre, la cifra de 1.351 presos políticos reflejó la magnitud de la represión documentada por la organización. Los casos de cristianos encarcelados, amenazados o detenidos por sus actividades públicas, sus denuncias o su solidaridad con personas perseguidas mostraron, además, que las comunidades religiosas independientes también quedaron expuestas a las acciones del régimen castrista.
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