Denuncian acoso del régimen castrista contra pastores de Las Tunas que ofrecen alimentos a los más vulnerables
La Alianza de Iglesias Cubanas No Registradas (AICNOR) denunció el recrudecimiento del hostigamiento contra pastores de Las Tunas, en particular contra el apóstol Mario Jorge Travieso Medina y su esposa, la pastora Velmis Adriana Mariño González, fundadores del Ministerio Internacional ‘Viento Recio’.
La organización alertó sobre actos de vigilancia, detenciones, bloqueos a sus actividades religiosas y una campaña de descrédito que atribuyó a perfiles vinculados con la Seguridad del Estado.
La denuncia expuso las dificultades que enfrenta el matrimonio por desarrollar su labor religiosa al margen de las estructuras controladas por el régimen castrista. Según Mario Félix Lleonart, impulsor de AICNOR, las presiones contra ambos líderes no fueron hechos aislados, sino parte de una escalada que incluyó diferentes mecanismos para obstaculizar su trabajo y limitar sus derechos.
“Ellos se encuentran regulados desde hace años. Pero además de esto, últimamente han denunciado la vigilancia en contra de ellos, detenciones y otros tipos de boicots a sus servicios”, afirmó Lleonart.
El señalamiento puso el foco en las restricciones que enfrentaron los responsables del Ministerio Internacional Viento Recio, con sede en Las Tunas, donde las autoridades también habrían intervenido contra bienes vinculados con la obra religiosa.
Denuncian ataques en redes sociales contra el apóstol
Uno de los aspectos que más preocupó a la alianza fue la intensificación de publicaciones dirigidas contra Mario Jorge Travieso Medina. De acuerdo con la denuncia, diferentes perfiles en redes sociales difundieron ataques destinados a perjudicar su reputación y desacreditar su liderazgo dentro de la comunidad cristiana.
Lleonart atribuyó estas acciones a cuentas que están relacionadas con los órganos represivos del Estado cubano. La denuncia planteó que la presión digital se sumó a las medidas de vigilancia y a los obstáculos que enfrentó el matrimonio en el ejercicio de sus actividades religiosas.
“La vigilancia en contra de ellos, detenciones y otro tipo de boicots a sus servicios se han recrudecido, y en las últimas semanas han aumentado los ataques […] desde perfiles que obviamente utiliza la Seguridad del Estado en redes sociales para intentar desacreditar al pastor Mario Jorge Travieso Medina”, declaró.
Los pastores de Las Tunas quedaron así en el centro de una denuncia que combinó señalamientos sobre vigilancia física, restricciones administrativas y agresiones en plataformas digitales. Estas prácticas, de acuerdo con AICNOR, dificultaron el desarrollo de las congregaciones que no se sometieron al sistema oficial de reconocimiento religioso.
La organización también denunció citaciones, interrogatorios y confiscaciones, además de la demolición de bienes relacionados con la obra del matrimonio. A estas medidas se sumaron restricciones para viajar al extranjero y regresar a Cuba, según la información difundida por la alianza.
AICNOR pidió unidad entre las iglesias cubanas
La denuncia también sirvió para reiterar un llamado a la solidaridad entre las denominaciones cristianas de la isla. AICNOR pidió a las iglesias registradas y no registradas que asumieran una posición común frente a las presiones que, según la organización, afectaron a creyentes y líderes religiosos.
Lleonart consideró que las diferencias entre congregaciones no debían impedir una respuesta conjunta ante las vulneraciones de derechos. En su declaración, identificó al Partido Comunista de Cuba y a la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos como estructuras centrales del sistema de control sobre la actividad religiosa.
“Ojalá que la solidaridad sea la misma de parte de las iglesias registradas que de las no registradas, porque al final todos tienen un mismo problema y enemigo en Cuba: el Partido Comunista de Cuba y la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos, con la señora Caridad Diego Bello al frente”, expresó en declaraciones reseñadas por Martí Noticias.
El caso se suma a otras denuncias de represión religiosa
AICNOR recordó sus pronunciamientos anteriores en defensa de otros creyentes afectados por procesos judiciales, entre ellos Anna Bensi y su madre, Caridad Silvente. Ambas fueron acusadas de un delito relacionado con actos contra la intimidad personal y familiar de un policía que les entregó una citación de la Seguridad del Estado. Las dos recibieron sanciones de dos años de limitación de libertad.
El antecedente reforzó el reclamo de la alianza para que las comunidades cristianas denunciaran públicamente cualquier medida que consideraran contraria a la libertad religiosa y a los derechos fundamentales.
En el caso de los pastores de Las Tunas, AICNOR sostuvo que las presiones denunciadas no se limitaron a las restricciones sobre sus actividades eclesiásticas, sino que también alcanzaron su reputación, sus bienes y su movilidad.
La organización instó a las iglesias a evitar el silencio ante estas situaciones y a responder de manera coordinada frente a las actuaciones de las autoridades.

