En una publicación en redes sociales, Ferrer relató que intentaba comer algo mientras padecía fiebre y malestar físico cuando escuchó un fuerte ruido. Su esposa le advirtió del peligro y, al mirar hacia el lugar de donde procedía el sonido, descubrió que la cruz había caído y golpeado varios objetos colocados en una mesita.

El incidente lo llevó a recordar el significado del objeto religioso y a relacionarlo con la situación de los cubanos que permanecen encarcelados por motivos políticos, así como con las dificultades que enfrenta la población bajo el régimen castrista.

La historia detrás de la cruz

La cruz tenía una historia vinculada a la solidaridad entre sacerdotes y al destierro de Ferrer. Según explicó el opositor, el objeto llegó a sus manos gracias al padre Camilo de La Paz, sacerdote de Santiago de Cuba, quien lo recibió del padre José Conrado Rodríguez después de un viaje a Polonia.

José Daniel Ferrer recordó que el padre Camilo intentó entregarle personalmente la cruz el día en que las autoridades cubanas lo expulsaron de su país. No obstante, la policía política de la dictadura trató de impedir que el sacerdote le hiciera llegar el regalo.

Ante ese obstáculo, el religioso exigió poder ver al menos a la familia del opositor y finalmente entregó la cruz a su esposa, quien se la dio a Ferrer cuando ambos se encontraron en el avión.

El opositor describió al padre Camilo como «un hombre de Dios y gran amigo», además de destacar su preocupación por el sufrimiento del pueblo cubano. La historia del regalo quedó así vinculada a un momento decisivo de su vida y a la solidaridad de quienes, desde su fe, han acompañado a personas afectadas por la represión política.

Una cruz que le recordó el sufrimiento de los presos políticos

La caída de la cruz llevó a José Daniel Ferrer a pensar en un episodio ocurrido en Guayaquil, Ecuador, donde recientemente la caída de una cruz provocó la muerte de un sacerdote. A partir de esa asociación, convirtió el incidente doméstico en una reflexión sobre sus propias responsabilidades frente al sufrimiento ajeno.

El opositor reconoció que el malestar físico lo había llevado a pensar en comer y descansar. Sin embargo, contrastó esa situación con la de quienes permanecen encarcelados y con las familias cubanas que sufren las consecuencias de la crisis.

«¡Y tú José Daniel, que aprovechándote de un poco de fiebre y malestar, pensabas comer algo e irte a dormir y descansar, cuando tantos presos políticos, tantas cubanas y cubanos, viven un largo y terrible vía crucis, y mueren de hambre en medio del abandono total!», escribió.

La referencia al vía crucis, una de las imágenes centrales de la tradición cristiana, sirvió a Ferrer para expresar el sufrimiento que atribuye a los presos políticos y a otros ciudadanos cubanos. Su mensaje trasladó el significado de la cruz desde el ámbito personal y religioso hacia una denuncia sobre el abandono y la falta de solidaridad.

Para el líder opositor, la fe no debía limitarse a la devoción individual, sino traducirse en una respuesta ante las injusticias y las necesidades de quienes atraviesan situaciones de sufrimiento.

El compromiso cristiano frente a la crisis cubana

En la parte final de su publicación, José Daniel Ferrer vinculó esa responsabilidad con lo que considera una crisis de compromiso moral y espiritual en el mundo. En su reflexión, advirtió sobre la combinación de ideologías extremistas y actitudes de indiferencia ante el dolor de otras personas.

«Así que come y ponte a trabajar», se dijo a sí mismo, antes de concluir que «entre la extrema izquierda, el radicalismo islámico y la apatía, la insolidaridad, la cobardía y la falta de verdadero compromiso cristiano, están destruyendo al mundo».

La reflexión del líder opositor plantea un llamado a no convertir las dificultades personales en excusa para desentenderse de quienes padecen situaciones más graves. En el caso cubano, Ferrer puso el foco en los presos políticos y en una población que enfrenta hambre, abandono y múltiples dificultades.

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El mensaje también recuperó el papel de los sacerdotes que han acompañado a ciudadanos afectados por la represión o la exclusión. La historia de la cruz que recibió durante su expulsión de Cuba ilustró, desde su experiencia personal, cómo un gesto de solidaridad religiosa puede adquirir un significado más amplio en medio de la confrontación con el poder político.

Con su publicación, José Daniel Ferrer convirtió un episodio inesperado en una exhortación a mantener la atención sobre el sufrimiento humano. Su reflexión dejó como eje la relación entre la fe, la solidaridad y el compromiso con quienes permanecen en situación de vulnerabilidad, especialmente con los presos políticos cubanos y sus familias.

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La organización alertó sobre actos de vigilancia, detenciones, bloqueos a sus actividades religiosas y una campaña de descrédito que atribuyó a perfiles vinculados con la Seguridad del Estado.

La denuncia expuso las dificultades que enfrenta el matrimonio por desarrollar su labor religiosa al margen de las estructuras controladas por el régimen castrista. Según Mario Félix Lleonart, impulsor de AICNOR, las presiones contra ambos líderes no fueron hechos aislados, sino parte de una escalada que incluyó diferentes mecanismos para obstaculizar su trabajo y limitar sus derechos.

“Ellos se encuentran regulados desde hace años. Pero además de esto, últimamente han denunciado la vigilancia en contra de ellos, detenciones y otros tipos de boicots a sus servicios”, afirmó Lleonart.

El señalamiento puso el foco en las restricciones que enfrentaron los responsables del Ministerio Internacional Viento Recio, con sede en Las Tunas, donde las autoridades también habrían intervenido contra bienes vinculados con la obra religiosa.

Denuncian ataques en redes sociales contra el apóstol

Uno de los aspectos que más preocupó a la alianza fue la intensificación de publicaciones dirigidas contra Mario Jorge Travieso Medina. De acuerdo con la denuncia, diferentes perfiles en redes sociales difundieron ataques destinados a perjudicar su reputación y desacreditar su liderazgo dentro de la comunidad cristiana.

Lleonart atribuyó estas acciones a cuentas que están relacionadas con los órganos represivos del Estado cubano. La denuncia planteó que la presión digital se sumó a las medidas de vigilancia y a los obstáculos que enfrentó el matrimonio en el ejercicio de sus actividades religiosas.

“La vigilancia en contra de ellos, detenciones y otro tipo de boicots a sus servicios se han recrudecido, y en las últimas semanas han aumentado los ataques […] desde perfiles que obviamente utiliza la Seguridad del Estado en redes sociales para intentar desacreditar al pastor Mario Jorge Travieso Medina”, declaró.

Los pastores de Las Tunas quedaron así en el centro de una denuncia que combinó señalamientos sobre vigilancia física, restricciones administrativas y agresiones en plataformas digitales. Estas prácticas, de acuerdo con AICNOR, dificultaron el desarrollo de las congregaciones que no se sometieron al sistema oficial de reconocimiento religioso.

La organización también denunció citaciones, interrogatorios y confiscaciones, además de la demolición de bienes relacionados con la obra del matrimonio. A estas medidas se sumaron restricciones para viajar al extranjero y regresar a Cuba, según la información difundida por la alianza.

AICNOR pidió unidad entre las iglesias cubanas

La denuncia también sirvió para reiterar un llamado a la solidaridad entre las denominaciones cristianas de la isla. AICNOR pidió a las iglesias registradas y no registradas que asumieran una posición común frente a las presiones que, según la organización, afectaron a creyentes y líderes religiosos.

Lleonart consideró que las diferencias entre congregaciones no debían impedir una respuesta conjunta ante las vulneraciones de derechos. En su declaración, identificó al Partido Comunista de Cuba y a la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos como estructuras centrales del sistema de control sobre la actividad religiosa.

“Ojalá que la solidaridad sea la misma de parte de las iglesias registradas que de las no registradas, porque al final todos tienen un mismo problema y enemigo en Cuba: el Partido Comunista de Cuba y la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos, con la señora Caridad Diego Bello al frente”, expresó en declaraciones reseñadas por Martí Noticias.

El caso se suma a otras denuncias de represión religiosa

AICNOR recordó sus pronunciamientos anteriores en defensa de otros creyentes afectados por procesos judiciales, entre ellos Anna Bensi y su madre, Caridad Silvente. Ambas fueron acusadas de un delito relacionado con actos contra la intimidad personal y familiar de un policía que les entregó una citación de la Seguridad del Estado. Las dos recibieron sanciones de dos años de limitación de libertad.

El antecedente reforzó el reclamo de la alianza para que las comunidades cristianas denunciaran públicamente cualquier medida que consideraran contraria a la libertad religiosa y a los derechos fundamentales.

En el caso de los pastores de Las Tunas, AICNOR sostuvo que las presiones denunciadas no se limitaron a las restricciones sobre sus actividades eclesiásticas, sino que también alcanzaron su reputación, sus bienes y su movilidad.

La organización instó a las iglesias a evitar el silencio ante estas situaciones y a responder de manera coordinada frente a las actuaciones de las autoridades.

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El afectado vinculó el inicio de esta medida con la fecha del juicio contra la activista Anna Sofía Benítez y su madre, Cary Silvente, y aseguró que ese mismo día permaneció durante más de medio día en una estación policial de La Lisa.

En una carta abierta publicada en Facebook y dirigida a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) y a las autoridades competentes, David Espinosa exigió el restablecimiento de los servicios y una explicación sobre las limitaciones que afectan sus comunicaciones.

«No soy ningún delincuente. Soy simplemente un ciudadano cubano, cristiano y cliente de una empresa de telecomunicaciones», escribió el activista al reclamar una solución para un problema que ya había denunciado formalmente sin recibir una respuesta satisfactoria.

La denuncia se produjo después de que transcurrieran siete días desde que presentó una reclamación en una oficina multiservicio de ETECSA.

David Espinosa relacionó la restricción con el juicio de Anna Sofía Benítez

En su publicación, Espinosa Martínez señaló que la restricción comenzó el 1 de octubre, fecha en la que también se celebró el juicio de Anna Sofía Benítez y su madre, Caridad Silvente.

El activista afirmó que ese día pasó más de medio día en una estación policial y consideró injusta su permanencia en esas instalaciones, donde, según relató, le atribuyeron un delito que asegura no haber cometido.

«Esta vez, mi línea permanece restringida desde el 1 de octubre, fecha que coincide con el juicio de Anna Sofía Benítez y su mamá, Cary Silvente», precisó.

Aunque no presentó en su carta una prueba directa que demostrara que las autoridades ordenaron restringir su número por motivos políticos o religiosos, Espinosa situó ambos acontecimientos en el mismo contexto y expresó sus sospechas sobre la intervención de organismos superiores en las decisiones que afectan a los ciudadanos.

«Aquel día comprendí, mejor que nunca, que por encima de los agentes que ejecutan determinadas acciones existen organismos superiores que toman decisiones y actúan a su antojo», manifestó.

El testimonio vuelve a poner sobre la mesa las denuncias de ciudadanos y activistas cubanos que señalan obstáculos para mantener sus comunicaciones en medio de situaciones de presión policial. En el caso de David Espinosa, la afectación no se limita a la conexión a internet, sino que alcanza las funciones básicas de su línea telefónica.

Siete días de reclamaciones sin una solución de ETECSA

Espinosa explicó que, pese a las restricciones, recibió un mensaje de ETECSA en el que la empresa le informó sobre una nueva oferta de recarga desde el exterior, disponible a partir del 19 de octubre.

Un allegado le envió dinero para recargar su saldo durante la mañana de ese día. Sin embargo, la operación no solucionó el problema de las llamadas ni de los mensajes de texto.

Según el activista, los datos móviles continuaron funcionando, aunque con dificultades. También recordó que desde febrero sufría problemas de conexión en su vivienda, situación que había reportado a la empresa sin obtener una solución.

«Llevo muchísimos años pagando por un servicio que me ha ocasionado más disgustos que satisfacciones», afirmó al cuestionar la calidad de las prestaciones de ETECSA y la falta de respuestas a sus reclamaciones.

El denunciante aseguró que desde que se habilitaron las recargas internacionales aportó importantes cantidades de dinero mediante ese mecanismo. A su juicio, la situación resulta especialmente frustrante porque continúa pagando por servicios que no puede utilizar con normalidad.

Denunció antecedentes de problemas con la empresa telefónica

La inconformidad de Espinosa con ETECSA no comenzó con la actual restricción. En su carta, recordó que en 2017 presentó dos denuncias oficiales ante la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) por el robo de saldo del que responsabilizó a la compañía.

Según su relato, nunca recibió una compensación por los daños que denunció. También aseguró haber perdido la cuenta de las reclamaciones presentadas por la mala calidad del servicio.

El activista señaló que en otros países un consumidor podría cambiar de compañía o recurrir a mecanismos judiciales para reclamar una indemnización. En Cuba, sin embargo, consideró que esas alternativas no están realmente disponibles para los usuarios.

«Pero en Cuba ninguna de esas dos opciones es realmente posible. Todos sabemos por qué», escribió.

Espinosa también aclaró que no responsabiliza necesariamente a los trabajadores de ETECSA por la restricción que afecta su número. No obstante, sostuvo que tiene derecho a exigir una respuesta a la empresa, independientemente de quién haya tomado la decisión.

Exigió el restablecimiento de sus comunicaciones

El activista cristiano advirtió que acudirá a instancias superiores si su reclamación no recibe una respuesta satisfactoria. Según explicó, la restricción no le impidió encontrar otras vías para mantenerse conectado, pero consideró que esa circunstancia no justifica la medida.

Además, afirmó que otros amigos y hermanos atraviesan situaciones similares, aunque no identificó a las personas afectadas ni ofreció detalles adicionales sobre sus casos.

Su exigencia final fue clara: recuperar el funcionamiento normal de su línea y obtener una explicación sobre las limitaciones impuestas.

«Exijo una respuesta, una solución y el restablecimiento de los servicios de mi línea. No pido privilegios ni favores. Reclamo que se respeten mis derechos como ciudadano y consumidor», concluyó.

Hasta el momento, en la publicación aportada por el activista no aparece una respuesta de ETECSA que explique las causas de la restricción. Por tanto, el motivo de la medida permanece sin aclarar públicamente, mientras David Espinosa mantiene su reclamación ante la empresa estatal.

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La comunicadora expuso que el proceso de desmantelamiento institucional afectó de manera directa al Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios, fundado en 1939 en el poblado de Manacas, en la antigua provincia de Las Villas. El 15 de marzo de 1963, tropas militares irrumpieron en la propiedad de 26,84 hectáreas, que contaba con aulas, viviendas, una capilla y áreas de producción agrícola.

Los soldados expulsaron a cientos de estudiantes de teología y ordenaron su regreso definitivo a sus lugares de origen. El director del recinto, Floyd Woodworth, fue arrestado, confinado en régimen de aislamiento durante veinte días en La Habana y deportado a Estados Unidos.

La expropiación de este centro se enmarcó en la política de nacionalización de la enseñanza iniciada en 1961 con la imposición de manuales ideológicos inspirados en la Unión Soviética, una ofensiva estatal que abarcó seminarios católicos, protestantes, pentecostales y escuelas de los Testigos de Jehová.

En el post de Rodríguez sobre este hecho histórico, la periodista menciona una cita textual del historiador y reverendo Marcos Antonio Ramos, la cual fue escrita en un artículo titulado «Cuba y la religión, 1959‑2025: el catolicismo en la Cuba de hoy».

«’La lucha ideológica contra las sectas religiosas’ [diría yo contra todo el cristianismo] ha sido un fracaso, a veces mayor, en proporciones, que otros de los desastres de estos 66 años. Cualquier avance que se atribuya al régimen en aspectos como el educativo y el sanitario, al ser comparado con la situación en 1958, se derrumba ante datos concretos».

Represió castrista alcanzó al clero católico

La represión estatal también alcanzó al clero católico durante los primeros fusilamientos masivos ejecutados en 1959. El padre Domingo Lorenzo, párroco en Matanzas, asistió espiritualmente a cincuenta y ocho condenados a muerte antes de ser ejecutados por tribunales revolucionarios. Su labor sacerdotal quedó registrada en las fotografías tomadas por Andrew López durante la ejecución del cabo del ejército batistiano José Rodríguez, imágenes que obtuvieron el Premio Pulitzer en 1960.

Tras recibir constantes presiones de las autoridades por asistir a los prisioneros y denunciar las ejecuciones nocturnas, el sacerdote recibió un ultimátum del régimen para abandonar el país bajo la amenaza de ser llevado al paredón de fusilamiento. El 5 de abril de 1959 zarpó rumbo a Madrid, dejando constancia de los hechos en una carta abierta publicada por el diario ABC el 22 de noviembre de 1962, donde señaló que la revolución se asentaba sobre la destrucción de las instituciones y los valores morales de la nación.

Por su parte, el pastor Rubén Duany Babastro, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, enfrentó catorce procesos judiciales debido a su labor de evangelización y su condición de afrodescendiente. Junto a los testigos de Jehová y el Bando Evangélico Gedeón, los adventistas sufrieron una intensa persecución estatal por practicar la objeción de conciencia militar y guardar el sábado como día de reposo.

En una ocasión, Duany fue sometido a un juicio popular en la plaza de Florida, en la provincia de Camagüey, impulsado por las autoridades locales para prohibirle el ingreso al poblado y frenar la asistencia masiva de los feligreses a sus cultos. Durante la vista judicial, una vecina defendió públicamente la honorabilidad del pastor, lo que obligó al tribunal a emitir un veredicto atípico que le permitió continuar su ministerio.

Posteriormente, Duany emigró a Estados Unidos, donde completó un máster en la Universidad Andrews y continuó su labor pastoral en iglesias de Chicago, Filadelfia y la Conferencia de Florida, consolidando una trayectoria de resistencia eclesial documentada en el libro Objetores de Conciencia: Héroes de la fe frente a la intolerancia comunista en Cuba, escrito por el pastor Rolando de los Ríos.

Con la recopilación de estos expedientes, la serie de Yaiset Rodríguez documenta cómo el aparato estatal no solo suprimió los espacios físicos de culto y formación teológica, sino que criminalizó sistemáticamente el ejercicio ministerial a través de tribunales populares, juicios sumarios y el destierro forzado. Desde la incautación de más de 26 hectáreas en el seminario de Manacas hasta los catorce procesos judiciales del pastor Duany o la asistencia de 58 condenados a muerte por el padre Domingo Lorenzo, la ofensiva totalitaria buscó desarticular toda autonomía moral en la sociedad cubana.

Este recorrido por la memoria histórica cobra plena vigencia frente al hostigamiento que las autoridades comunistas continúan ejerciendo en la actualidad contra religiosos, pastores y laicos que se atreven a alzar su voz en contra del sistema.

La persistencia de estas prácticas represivas, documentadas en archivos eclesiásticos y registros de derechos humanos, confirma que la defensa de la libertad de conciencia sigue siendo uno de los mayores desafíos frente a un poder que mantiene el control ideológico como política de Estado.

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González Palma estaba vinculado a la Capilla del Sagrado Corazón, en el municipio habanero de Diez de Octubre, donde participaba en actividades comunitarias, entre ellas iniciativas de ayuda alimentaria para personas mayores y colaboración con grupos de Alcohólicos Anónimos.

Lo encarcelaron tras una protesta por los apagones y la falta de agua

Según el informe de Prisoners Defenders, el laico católico fue arrestado en junio de 2026, después de recibir una citación policial. Las autoridades lo vincularon con una protesta vecinal durante la cual golpeó un objeto metálico dentro de su vivienda, en medio de un cacerolazo para reclamar el restablecimiento de servicios básicos.

La protesta ocurrió en un contexto marcado por los prolongados apagones, la escasez de agua y el deterioro de las condiciones de vida que sufren numerosas familias cubanas.

Tras su detención, las autoridades lo acusaron de “desórdenes públicos” y ordenaron su prisión provisional en la cárcel de Valle Grande, en La Habana, de acuerdo con la documentación de la organización.

El caso adquirió una dimensión adicional porque González Palma tenía bajo su cuidado a dos hijos menores de edad, una responsabilidad familiar que quedó afectada por su encarcelamiento.

Un caso dentro de la represión contra voces cristianas

Prisoners Defenders incluyó a González Palma en su informe sobre presos políticos correspondiente a septiembre de 2026, publicado el 15 de octubre. Aunque su arresto ocurrió meses antes, la organización lo documentó entre los casos que reflejaron la situación de personas vinculadas a comunidades religiosas y afectadas por actuaciones represivas.

Su historia también muestra cómo las demandas por electricidad y agua se convirtieron en motivo de intervención policial y judicial. En una isla golpeada por la crisis económica y los cortes eléctricos, las protestas vecinales expresaron el malestar de ciudadanos que reclamaron soluciones a problemas cotidianos.

El encarcelamiento de este laico católico puso en evidencia las consecuencias personales y familiares que puede acarrear la respuesta de las autoridades ante manifestaciones de descontento. Su caso forma parte de las denuncias sobre la situación de los presos políticos y las restricciones que enfrentan ciudadanos cubanos para expresar públicamente sus reclamos.

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Este encuentro, en el que la dictadura proclamó la «unidad» con las distintas organizaciones que profesan la fe en la isla, ocurre en medio de un contexto en donde la represión religiosa se ha intensificado.

En ese sentido, se conoció que la reunión estuvo encabezada por Caridad Diego Bello, jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos, y Josefina Vidal Ferreiro, viceministra de Relaciones Exteriores. El discurso oficial destacó la colaboración con las iglesias, pero no abordó públicamente los casos de religiosos que terminaron bajo custodia de las autoridades o recibieron condenas en las últimas semanas.

Según la información oficial, la reunión constituyó una «práctica habitual de diálogo» destinada a «reiterar el agradecimiento del país por el trabajo social que desempeñan las iglesias» y promover «la colaboración entre el gobierno y las iglesias cubanas».

Sin embargo, los acontecimientos recientes expusieron las dificultades que enfrentaron diferentes comunidades cristianas cuando sus integrantes expresaron posiciones críticas, convocaron actividades de oración o acompañaron a personas perseguidas por motivos políticos.

«Durante el intercambio se reconoció que las acciones comunitarias desarrolladas por las instituciones religiosas resultan necesarias y útiles para el impacto positivo de las transformaciones económicas y sociales que se implementan en la nación», precisó el comunicado oficial de la dictadura sobre la reunión.

Pastores encarcelados por sus actividades públicas

Uno de los casos más graves fue el del pastor evangélico Maikel Pupo Velázquez, líder de la Iglesia Palabra de Fuego Bendición Sagrada, en Camagüey. Las autoridades lo detuvieron el 26 de septiembre de 2026 después de que convocara una jornada de oración pública por Cuba.

El religioso canceló la actividad tras recibir una advertencia oficial y acudió solo al lugar previsto. Aun así, terminó arrestado y acusado de «desobediencia». Permaneció nueve días incomunicado y continuó recluido en la prisión Cerámica Roja, según los reportes publicados por medios independientes y organizaciones de derechos humanos.

El caso generó preocupación entre creyentes y defensores de la libertad religiosa, debido a que la convocatoria tuvo un propósito de oración por la nación. La detención planteó interrogantes sobre las condiciones en las que los cristianos pudieron organizar encuentros públicos sin exponerse a represalias de las autoridades.

La situación de Pupo no fue un episodio aislado. El 2 de octubre, el pastor pentecostal Ariel Limias Leyva terminó detenido después de exhibir un cartel en la escalinata del Capitolio Nacional, en La Habana, con los mensajes «Abajo la dictadura» y «No más discriminación política absurda».

El religioso fue trasladado a Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado, y enfrentó una posible acusación de «propaganda contra el orden constitucional». Su protesta vinculó su identidad cristiana con un reclamo político contra la discriminación y el sistema de poder establecido en la isla.

Condenas contra Anna Bensi y su madre

La persecución denunciada también alcanzó a la joven creadora de contenido cristiana Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y a su madre, Caridad Silvente.

El 1 de octubre, el Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este condenó a ambas a dos años de limitación de libertad por grabar y publicar un video de un agente del Ministerio del Interior que acudió a su vivienda para entregar una citación de la Seguridad del Estado.

Durante el juicio, el pastor Rolando Pérez Lora, conocido como «Pregonero de Cristo», fue detenido violentamente cuando intentó acompañar a las dos mujeres como muestra de solidaridad.

📌En medio de una escalada de detenciones y sanciones contra líderes religiosos y creyentes en Cuba, la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista celebró esta semana una reunión con representantes de organizaciones religiosas cubanas. Detalles en el link 🔗

— Martí Noticias (@martinoticias) October 17, 2026

La respuesta de distintos sectores cristianos no tardó en manifestarse. El obispo de la Iglesia Episcopal en Cuba, Ángel Roberto Rivera Rodríguez, y otros 21 clérigos denunciaron el uso de la violencia, la intimidación y el acoso policial contra quienes expresaron su descontento.

En una carta, los religiosos señalaron las consecuencias de estas actuaciones para las familias cubanas, especialmente para los jóvenes, y recordaron que el derecho a la expresión está reconocido en la Constitución de la isla.

La declaración se sumó a pronunciamientos de la Convención Bautista de Cuba Occidental, la Iglesia Evangélica Pentecostal en Cuba, la Iglesia Metodista de Cuba, la Liga Evangélica de Cuba y la Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas, que expresaron su solidaridad con Anna Bensi y su madre.

Ocho y diez años de cárcel para los jóvenes de El4tico

Otro proceso que preocupó a sectores cristianos fue el de Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, integrantes del proyecto digital El4tico. Ambos fueron detenidos el 6 de febrero de 2026 en Holguín, donde grababan videos críticos sobre la situación nacional y las autoridades desde un pequeño estudio improvisado.

Medina se identificó públicamente como cristiano y defendió una visión de la fe centrada en Jesucristo. En la pizarra de su espacio de trabajo aparecieron mensajes como «Solo Cristo Salva» y «Jesús es el Señor, no el PCC».

La Fiscalía Provincial de Holguín solicitó ocho años de prisión para Medina y diez para Zayas por presuntos delitos de propaganda contra el orden constitucional, difamación de instituciones y héroes, e instigación a delinquir. Ambos permanecieron más de ocho meses en prisión provisional y el tribunal ordenó la apertura de juicio oral.

El control estatal sobre las iglesias en Cuba

El pastor bautista Mario Félix Lleonart, fundador del Instituto Patmos y exiliado en Estados Unidos, cuestionó reiteradamente el papel de la Oficina de Asuntos Religiosos bajo la dirección de Caridad Diego.

Lleonart sostuvo que esa dependencia funciona como un instrumento del régimen para controlar la práctica religiosa y condicionar las posiciones públicas de los líderes eclesiásticos. También denunció que sus atribuciones sobre el registro de iglesias y asociaciones permitieron ejercer presión sobre las congregaciones.

La represión religiosa en Cuba quedó así vinculada a una contradicción entre el discurso institucional de cooperación y los casos de creyentes que enfrentaron consecuencias judiciales o policiales.

Para las comunidades cristianas, el desafío no se limitó a celebrar cultos o desarrollar labores de asistencia social. También incluyó la posibilidad de expresar preocupaciones sobre la crisis nacional, acompañar a familias de presos políticos y defender derechos sin exponerse a represalias.

Mientras el Comité Central promovió su imagen de diálogo con las iglesias, los casos de Maikel Pupo, Ariel Limias, Anna Bensi, Caridad Silvente y los jóvenes de El4tico mantuvieron abierta la discusión sobre las garantías reales de la libertad religiosa en la isla. La represión religiosa en Cuba continuó siendo una preocupación para los creyentes y las organizaciones que denunciaron restricciones a la libertad de conciencia y expresión.

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La organización registró 1.351 presos políticos al cierre de septiembre, la cifra más alta de su serie histórica, tras incorporar 50 nuevos casos y contabilizar 38 bajas.

La documentación puso el foco en una modalidad de represión que afectó tanto a líderes religiosos como a laicos, creadores de contenido cristiano y personas que intentaron acompañar a otros perseguidos por el régimen castrista.

Entre los casos señalados figuraron el pastor Maikel Pupo Velázquez, el laico católico Elías Heli González Palma y el custodio evangélico Guillermo Lázaro Duarte Conde, encarcelados en circunstancias diferentes.

El informe también incluyó episodios ocurridos durante los primeros días de octubre, posteriores al período estadístico, que evidenciaron la continuidad de la presión contra las voces cristianas críticas y sus redes de solidaridad.

Maikel Pupo: encarcelado después de convocar una oración por Cuba

Uno de los casos centrales del informe fue el del pastor evangélico Maikel Pupo Velázquez, líder del Ministerio Palabra de Fuego Bendición Sagrada, en Camagüey, e integrante de la Alianza de Cristianos de Cuba.

Pupo fue detenido el 26 de septiembre, después de convocar a varias iglesias a participar en una oración pública por el país. Según Prisoners Defenders, las autoridades le advirtieron que no realizara la convocatoria y el religioso pidió a los participantes que no acudieran para evitar incidentes. A pesar de cancelar el encuentro colectivo, fue arrestado cuando se presentó solo en el lugar previsto.

El pastor permanecía en prisión provisional en la cárcel Cerámica Roja, en Camagüey. La organización Christian Solidarity Worldwide informó posteriormente que fue acusado de desobediencia y que pasó nueve días incomunicado antes de su traslado a prisión. Además, el pastor Darlon Bermúdez denunció que las autoridades le negaron la libertad bajo fianza.

La persecución contra Pupo no comenzó con este arresto. En julio de 2025, el religioso fue detenido cuando visitó a Marta Perdomo Benítez, madre de los presos políticos Jorge y Nadir Martín Perdomo, para entregarle medicamentos destinados a su nieta. Tras aquella detención, permaneció bajo vigilancia policial y sufrió restricciones de movimiento.

Elías González y Guillermo Duarte: presos tras protestas por servicios básicos

El documento también recogió los casos de dos integrantes de comunidades cristianas encarcelados en el contexto de protestas relacionadas con la falta de electricidad y agua potable.

Elías Heli González Palma, laico católico vinculado a la capilla del Sagrado Corazón, fue detenido en junio de 2026 después de acudir a una citación policial en Diez de Octubre, La Habana. Según un allegado, las autoridades lo relacionaron con los cacerolazos porque golpeaba un objeto metálico desde el interior de su vivienda para reclamar servicios básicos.

Acusado de desórdenes públicos, permanecía en prisión provisional en Valle Grande. Su encarcelamiento también interrumpió su labor comunitaria, que incluía preparar alimentos gratuitos para ancianos y colaborar con Alcohólicos Anónimos. González tenía, además, la custodia de sus dos hijos menores.

El otro caso correspondió a Guillermo Lázaro Duarte Conde, custodio y miembro de la Iglesia Evangélica de Rocafort, detenido el 7 de julio en su vivienda de San Miguel del Padrón, La Habana, tras una protesta vecinal por la falta de agua y electricidad.

De acuerdo con el testimonio de su hermano, Ramón Duarte Conde, su intervención se limitó a arrojar una bolsa de basura a una fogata encendida por los vecinos. Fue trasladado a Valle Grande, donde continuaba en prisión provisional.

Su familia denunció que presenta una discapacidad intelectual, condición que aumenta su vulnerabilidad dentro del sistema penitenciario. El pastor de su iglesia realizó gestiones para conseguirle representación legal, mientras vecinos firmaron una carta en su defensa.

Aunque estos dos arrestos ocurrieron antes de septiembre, Prisoners Defenders los incluyó para ilustrar la persecución contra cristianos que participaron en protestas o desarrollaron labores de asistencia social.

Anna Bensi y su madre: condenadas por un video

La persecución también alcanzó a Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, joven creadora de contenido cristiano, y a su madre, Caridad Silvente Laffita.

El 1 de octubre, el Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este las declaró culpables y anunció para ambas una condena de dos años de privación de libertad subsidiada por limitación de libertad, por el supuesto delito de actos contra la intimidad personal y familiar.

La causa estuvo relacionada con un video grabado por Caridad en su vivienda y publicado por Anna en redes sociales, en el que aparecía un agente vestido de civil entregándole una citación. Prisoners Defenders señaló que el procedimiento había sido sobreseído en abril y posteriormente reabierto.

Ambas sufrían desde marzo medidas de reclusión domiciliaria y amenazas. Durante un interrogatorio, agentes de la Seguridad del Estado amenazaron a Caridad con hasta cinco años de prisión y la responsabilizaron por permitir que su hija denunciara la realidad cubana en redes sociales.

El día del juicio, la represión se extendió a quienes intentaron acompañarlas. El informe documentó vigilancia policial, restricciones de movimiento y detenciones para impedir que religiosos y simpatizantes acudieran al tribunal.

Pastores y creadores cristianos también sufrieron detenciones y amenazas

Entre los afectados estuvo el pastor evangélico Rolando Fidel Pérez Lora, conocido como «Pregonero de Cristo» e integrante de la Alianza de Cristianos de Cuba. Fue interceptado el 1 de octubre cuando se dirigía al juicio de Anna Bensi y su madre.

Según el informe, varios agentes lo tiraron al suelo, lo esposaron y lo introdujeron en un vehículo policial. Tras su liberación, denunció un interrogatorio violento y amenazas contra su familia para que él y su grupo dejaran de expresarse públicamente.

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Otro caso fue el de David Espinosa Martínez, creador de contenido cristiano y productor audiovisual de la Iglesia Bautista El Calvario. Fue detenido después de dejar a su hijo en la escuela, cuando se dirigía al tribunal para acompañar a Anna y Caridad.

Las autoridades lo trasladaron a la séptima estación policial de La Lisa bajo una acusación de supuesto robo de piezas de un triciclo, que él negó. Prisoners Defenders señaló que solo le permitieron salir después de concluir la vista oral, lo que, según la organización, evidenció el propósito de impedir su presencia en el juicio.

También fue detenido Josué Moreno, de 20 años y amigo de Anna desde la infancia, después de acompañarla frente al tribunal. Su tía informó que fue liberado el 3 de octubre tras recibir una multa de 600 pesos, aunque continuó bajo hostigamiento.

El informe añadió el caso de Anthony Martínez, artista y creador de contenido cristiano de San Antonio de los Baños, Artemisa. Había sido interrogado el 24 de septiembre por sus publicaciones y volvió a ser citado el 5 de octubre.

Según su testimonio, los agentes lo amenazaron con encarcelarlo si publicaba nuevos videos y trataron de obligarlo a firmar un compromiso para dejar de cuestionar al régimen y limitar sus contactos con personas vinculadas a la disidencia. Martínez se negó a firmar.

Ariel Limias: otro pastor detenido tras protestar frente al Capitolio

El informe también incorporó, por su gravedad, el caso del pastor cristiano Ariel Limias Leyva, detenido el 2 de octubre, fuera del período estadístico de septiembre.

Limias, quien ejerció como pastor de la Iglesia Asamblea de Dios y residía en La Habana Vieja, protagonizó una protesta pacífica frente al Capitolio Nacional. Portaba carteles con mensajes como «Abajo la dictadura», «Patria y Vida y Libertad» y «No más discriminación política absurda».

Fue trasladado inicialmente a la estación policial de Dragones y, según su esposa, Yulia Morales Zamora, permaneció incomunicado y sometido a interrogatorios. Posteriormente, las autoridades informaron a la familia de una acusación por propaganda enemiga contra el orden constitucional.

Su situación resultó especialmente preocupante por sus antecedentes médicos: según sus familiares, sufrió un infarto en enero de 2026, acompañado de una parada cardiorrespiratoria de quince minutos, y necesitaba mantener un tratamiento estricto.

Una represión que afecta a las comunidades cristianas

Los casos de represión religiosa en Cuba recogidos por Prisoners Defenders describieron un patrón de presión que no se limitó a los pastores encarcelados. También afectó a laicos, activistas, creadores de contenido y personas que acompañaron a familiares de presos políticos.

El informe recordó que un estudio de la organización publicado en 2022, basado en declaraciones de 56 líderes religiosos y laicos de nueve provincias, documentó que el 93 % de los consultados había sufrido actos represivos, el 84 % amenazas y el 46 % detenciones arbitrarias por motivos relacionados con el pensamiento, la conciencia o la religión.

Al cierre de septiembre, la cifra de 1.351 presos políticos reflejó la magnitud de la represión documentada por la organización. Los casos de cristianos encarcelados, amenazados o detenidos por sus actividades públicas, sus denuncias o su solidaridad con personas perseguidas mostraron, además, que las comunidades religiosas independientes también quedaron expuestas a las acciones del régimen castrista.

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El hombre permanece en prisión provisional después de ser arrestado tras una protesta vecinal por los prolongados cortes de electricidad y la falta de agua en San Miguel del Padrón, La Habana.

Según información publicada por medios independientes, que recogieron el testimonio de su hermano, Ramón Duarte Conde, el arresto del custodio evangélico ocurrió el pasado 7 de julio en su vivienda del reparto La Rosalía.

En ese sentido, precisaron que la detención se produjo un día después de una manifestación no violenta en la que los vecinos reclamaron el restablecimiento de los servicios básicos.

Arrestado tras una protesta por los apagones y la falta de agua

Los residentes de la zona salieron a las calles después de pasar varios días sin suministro de agua y más de 30 horas sin electricidad. Durante la protesta, hicieron sonar cacerolas, quemaron basura acumulada en las calles y gritaron consignas de «¡Libertad!», de acuerdo con el relato de Ramón Duarte publicado por CubaNet.

Guillermo Lázaro salió de su casa para botar la basura y, al encontrarse con los manifestantes, arrojó una bolsa al fuego que habían encendido. Su hermano aseguró que esa fue su participación en los acontecimientos y sostuvo que no intervino activamente en la protesta.

Al día siguiente, agentes de la Seguridad del Estado lo arrestaron en su domicilio. Primero permaneció cuatro días en la 11.ª Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), conocida como el Caballo Blanco. Posteriormente, fue trasladado al centro de detención del Vivac, en Calabazar, antes de terminar en la prisión de Valle Grande, donde continúa recluido.

Su discapacidad intelectual agrava la preocupación familiar

Duarte Conde trabaja como custodio y es miembro de la Iglesia Evangélica de Rocafort, ubicada en el Barrio Obrero, en La Habana. Su condición de discapacidad intelectual aumenta la preocupación por su situación dentro del sistema penitenciario cubano.

Su hermano describió que presenta «un ligero retraso mental», según el testimonio recogido por CubaNet. La familia también explicó que el pastor de la congregación realizó gestiones para conseguirle representación legal.

Además, vecinos de su comunidad firmaron una carta en la que lo describieron como una persona tranquila y respaldaron la versión de que su presencia en la protesta fue circunstancial. Pese a esos testimonios, el custodio terminó recluido en Valle Grande.

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La imagen mostraba una fotografía de madre e hija y, debajo, dos esponjas acompañadas del texto: «Ahí, el título es lo único que no es del Dollar Tree. Ojalá la Gusanitud pueda dormir».

Lejos de mostrar molestia, Silvente agradeció públicamente la publicación y convirtió la burla en una respuesta cargada de sarcasmo.

«¡GRACIAS AL QUE LO HIZO! Nos encantó. Este meme nos describe muy bien», escribió en su perfil de Facebook.

En su contestación, la madre de Bensi recurrió a una descripción de los utensilios de limpieza para lanzar un mensaje indirecto a quienes participaron en el ataque digital.

«Estos utensilios fueron creados como herramientas esenciales en la LIMPIEZA profesional y doméstica para eliminar la suciedad incrustada de nuestra «CASA»», expresó.

Silvente añadió que las esponjas más resistentes sirven para despegar restos difíciles y realizar una limpieza profunda. Al cerrar su publicación, invitó a sus lectores a reflexionar: «Reflexionen».

La respuesta transformó un intento de ridiculización en un mensaje simbólico sobre la limpieza de la suciedad y la necesidad de enfrentar aquello que consideran perjudicial para el país.

El episodio se produjo en un contexto de confrontación entre voces críticas del régimen cubano y perfiles digitales que recurren a la descalificación personal contra activistas y opositores.

La condena contra madre e hija

La respuesta de Silvente también se produjo después de que el régimen cubano condenara a ambas a dos años de limitación de libertad por grabar y publicar un video de un agente policial que acudió a su vivienda para entregar una citación.

El Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este declaró culpables a Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y a su madre el 1 de octubre de 2026. La acusación se sustentó en el supuesto delito de «actos contra la intimidad personal y familiar», previsto en el artículo 393 del Código Penal cubano.

El caso generó cuestionamientos de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Cubalex consideró que el proceso penal constituyó una vulneración de la libertad de expresión y cuestionó el uso de la legislación para sancionar la difusión de imágenes de un funcionario público.

Antes del juicio, Bensi expresó que no esperaba un proceso justo y defendió su derecho a denunciar lo que consideraba hostigamiento por parte de las autoridades. La condena contra ambas se convirtió en otro episodio de tensión entre el régimen castrista y quienes utilizan las redes sociales para cuestionar sus actuaciones.

La publicación de Caridad Silvente añadió un nuevo capítulo a esa confrontación. Con una respuesta irónica al meme, la madre de la activista evitó limitarse a rechazar la burla y utilizó la propia imagen para transmitir un mensaje de resistencia frente a quienes intentan desacreditarlas.

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La escena fue denunciada en Facebook por la periodista María Teresa, quien compartió el testimonio de sus abuelos y cuestionó el abandono de los servicios públicos por parte del régimen cubano.

“Estos son mis abuelos, con casi 80 años, limpiando el basurero de la esquina de la iglesia de Santa Ana, en Camagüey, porque el Gobierno no lo hace”, escribió la comunicadora en sus redes sociales.

La periodista describió el desgaste emocional de una generación que vio marcharse a sus familiares y amigos, mientras enfrenta la soledad y las dificultades cotidianas en medio de la crisis que atraviesa la isla.

“Cargan con toda la basura de ese sistema, en el sentido literal y metafórico”, expresó María Teresa, al denunciar una situación que va más allá de la acumulación de desechos y refleja el deterioro de los servicios básicos.

Basura, abandono y crisis de los servicios públicos en Cuba

La recogida irregular de basura constituye uno de los problemas que afectan a numerosas comunidades cubanas en Camagüey y el resto de las provincias. La acumulación de desperdicios en calles y espacios públicos, incluidos animales muertos y escombros, deteriora las condiciones sanitarias y aumenta los riesgos para los residentes.

La crisis económica, la escasez de combustible, las limitaciones de recursos y el deterioro de la infraestructura agravan las dificultades para mantener servicios esenciales. Estas carencias se suman a otros problemas cotidianos, como los apagones, la escasez de alimentos y la pérdida del poder adquisitivo.

En los comentarios de la publicación, varios internautas lamentaron el abandono de la ciudad y elogiaron la iniciativa de los ancianos. Una persona destacó la educación y los valores de esa generación, mientras otra expresó: “Una pena, tanto abandono”.

Otro usuario manifestó su preocupación por el estado de los alrededores de la iglesia y agradeció a los abuelos por limpiar el lugar.

Sin embargo, la propia denuncia advierte que el basurero podría volver a formarse si las autoridades no garantizan una recogida sistemática de los desechos.

“En poco tiempo el basurero volverá a aparecer”, alertó la periodista, quien también relató que sus abuelos regresaron a una casa cada vez más vacía para soportar otra hora de apagón y soledad.

La imagen de dos personas mayores realizando una tarea que corresponde a los servicios públicos expuso el contraste entre el esfuerzo de los ciudadanos y la incapacidad de las instituciones para responder a necesidades básicas de la población.

«No es fácil el gran abandono que hay en todo el país pero mucho más en nuestra iglesia esto debe de ser un lugar sagrado y respetar a nuestro creador, muchas gracias a estos abuelos ojalá yo viviera por ahí que los ayudaba bendiciones para todos», comentó una internauta en la publicación.

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