El largo calvario de Javier Larrea en pos de la Ley de Bienestar Animal

Anoche la televisión cubana aprovechó el dolor del activista por el bienestar animal Javier Larrea por el reciente asesinato de dos de sus perros.

El espacio Palabra Precisa, conducido por el reportero oficialista Lázaro Manuel Alonso, manipuló mensajes de apoyo al joven por parte de miembros de la sociedad civil.

Esto en un claro intento de contraponerlos a un post de Facebook donde Larrea asegura no saber quién es el culpable de los envenenamientos a sus animales.

La idea, a todas luces, es generar fricciones.

El joven santaclareño se ha convertido en los últimos tres años en uno de los rostros más conocidos de la batalla por una Ley de Protección Animal en la isla.

En 2020 fundó Bienestar Animal Cuba (BAC) cuyos números, en apenas un año de trabajo, hablan por sí solos: más de 1.480 rescates, 1.770 adopciones y casi 700 miembros por toda la isla.

Fundó además una revista llamada El Refugio, que ha dado voz a decenas de animalistas de todas las vertientes y conectó a los lectores cubanos con experiencias de la causa en el resto del mundo.

Si retar la estricta limitación a las libertades de asociación y expresión bajo el régimen castrocomunista no fuera suficiente mérito, súmese a todo que BAC nació en «provincia», fuera de La Habana, y esa lejanía del centro de los distintos activismos sociales representa un obstáculo añadido.

Cada una de estas cuestiones ha supuesto un costo para el joven estudiante de Derecho en su natal Santa Clara. Cada una, también, ha generado una presión que, sumada a la de otros activistas, ha obligado al castrismo a no girar su rostro de la causa animalista y la formulación de una ley, pospuesta por 30 años.

Javier fue expulsado en 2019 de Bienac, organización animalista que codirigía en la Universidad Central Marta Abreu, por recoger firmas para insertar la protección de animales en el más reciente proyecto de Constitución.

Otro motivo fue su convocatoria para realizar una marcha de protectores de animales en Santa Clara, como a la también universitaria Beatriz Batista le permitió el gobierno local hacer en La Habana.

A él, por el contrario, le fue negado el permiso y un ejército de trolles progubernamentales (conocidas como ciberclarias) lo acosó por meses, al punto de cerrar temporalmente sus perfiles en redes sociales.

Ese mismo año fue llevado ante un tribunal de autoridades universitarias para «analizar» su caso. La medida que pendía sobre él en aquel juicio político era la expulsión de la carrera universitaria si seguía haciendo uso de sus redes sociales para «instigar» acciones que el régimen consideraba contrarrevolucionarias.

La idea de que tres años de esfuerzo académico se fueran por la borda y comprometieran el futuro profesional de Javier puso a su madre al borde de una crisis de nervios. El muchacho estaba entre la espada y la pared, entre el Estado y su madre.

Y entonces creó BAC, y se alejó de Facebook e hizo lo que a tanto patriota de sillón le cuesta en Cuba: trabajar por una causa, en la realidad, en las calles a tiempo completo.

Por supuesto, los obstáculos no cesaron. En octubre de 2020 un agente de la Seguridad del Estado tocó a la puerta de Javier, y le informó que ese día quedaba bajo prisión domiciliaria.

El presidente Miguel Díaz Canel visitaba Santa Clara ese día y varios activistas sufrieron la limitación de movimiento durante horas.

El 30 de noviembre de 2020, estando Larrea en La Habana para la filmación de un documental sobre la comunidad protectora, directivos de Aniplant (única organización legalizada por el Estado para la protección animal) llamaron al celular de Larrea y solicitaron un encuentro que, aunque improvisado, fue público en el perfil de FB de la entidad.

En el post, Aniplant resumió que Larrea reclamó la presencia de varios grupos animalistas independientes en los debates y en futuros encuentros con el Ministerio de la Agricultura (Minagri), responsable de la norma jurídica bienestarista.

En el encuentro, además, Aniplant convenció a Larrea de no participar en una movilización convocada para el 1ro de diciembre frente al Minagri, donde animalistas reclamarían al régimen por la distensión en la firma del Decreto.

La periodista Yania Suárez reportó para Diario de Cuba, que la activista Verónica Vega consideró la reunión de Larrea con Aniplant «un golpe de estado» al movimiento animalista cubano.

Recientemente su esposo, Yasser Castellanos, posteó «No creo en Javier Larrea», a lo que el activista exiliado Jimmy Roque contestó que esa actitud únicamente beneficiaba a la Seguridad del Estado.

La web Cibercuba recogió el 9 de febrero pasado un post extenso en el perfil de Facebook de Larrea. El joven se definió como activista animalista y ambientalista, no político, aunque explicó que el movimiento animalista es heterogéneo y lo integran personas con ideas y opiniones diferentes en otros temas.

“Mi lucha está dedicada al bienestar animal; ese es mi campo de batalla y no otro. Me encuentro en un movimiento de contenido ecológico, ambientalista y hasta social, pero no político y mucho menos político ideológico”, aseveró.

Larrea también defendió su derecho a reunirse con instituciones que se lo han solicitado, como la Aniplant y el Minagri, porque ve posible crear un plan de acción a favor de los animales, pese a las críticas de algunas personas que lo acusan de haber pactado con esas entidades.

Un comentario en redes sociales cuestionó por qué el movimiento 27N es aplaudio por su persisitencia en dialogar con el Ministerio de Cultura, y Larrea es atacado por reunirse de manera pública una ocasión con el Minagri para criticar la desprotección de los animales en el país.

“Mi único pacto es con los animales. Y con las personas honradas y sensibles que, como yo, los defienden. Me reúno con quien me invita a reunirme si el tema es cómo vamos a ayudar más y mejor a los animales. Y estoy abierto siempre al diálogo con cualquier persona o institución cuya intención sea esa. Creo que tendiendo puentes y no levantando muros es como ayudamos mejor a nuestra causa animalista”, continuó Larrea en su post del 9 de febrero.

A todas luces, el estudiante universitario «fue manipulado por Aniplant para evitar la movilización, cuántos de los que hoy lo critican no cayeron en esa trampa antes de abrir los ojos, pero de ahí a decir que pactó con la dictadura o es usado por la Seguridad del Estado para ‘controlar’ el animalismo en Cuba va un buen trecho», dijo Mayda López, protectora de animales.

Lejos de amainarse, el activismo del joven se vio impulsado al coordinar en febrero una carta pública enviada al Consejo de Estado, el Minagri y otras entidades oficiales firmada por un grupo de 130 veterinarios y especialistas de casi toda la isla, solicitando modificaciones al Decreto 20/2020.

La disposición legal, publicada el 29 de enero de 2021, obre las contravenciones de la medicina veterinaria, estableció aquellas conductas inadecuadas en el sector, las sanciones a imponer y las vías para tramitar las inconformidades resultantes de su aplicación.

La misiva de los zootécnicos, que llegó a acunular jnas 8 mil 200 fiemas, advirtió que una de las cuestiones que mayor impacto causó entre la ciudadanía y los practicantes fue la prohibición del ejercicio de la profesión por cuenta propia.

Larrea declaró en 2019 para Global News Alliance que su fe bautista lo impulsa a una conciencia sobre el cuidado de la naturaleza y los animales.

El documento recordó que en ese sentido «se estipula, además, una de las sanciones más graves de las dispuestas por el Decreto».

Según la carta, la experiencia ha demostrado que el Estado no cuenta con los «recursos necesarios para brindar servicios veterinarios de calidad ni está en condiciones de satisfacer todos los que la población cubana demanda (…). Nadie puede negar que han sido justamente esa insatisfacción y la demanda creciente de servicios veterinarios en nuestra sociedad, las que han hecho emerger a los veterinarios por cuenta propia. Que tampoco son una figura nueva en nuestro país pues siempre existieron».

Los firmantes, entre los que cuentan profesores universitarios y activistas por el bienestar animal, aseguran que el foco tanto en la parte formativa como en la atención se puso en especies destinadas a la alimentación, y quedó relegado el tratamiento a los animales de compañía.

«Incluso en la actualidad, a pesar de perfeccionarse y ampliarse los planes de estudio de la carrera, el servicio estatal y las principales regulaciones continúan centrándose en los animales llamados de producción», expresó la misiva.

«Por otro lado, las clínicas estatales que brindan servicios veterinarios a los animales de compañía, como la conocida clínica de Carlos III, en la capital del país, otras en las provincias, y los consultorios municipales (que no han llegado a constituirse en todos los territorios), no cuentan con un abastecimiento constante de medicamentos».

La presión generada por la carta y las redes sociales hizo que el vice Primer Ministro Alejandro Gil declaró en una Mesa Redonda que aunque seguía prohibida la veterinaria privada, sí se permitiría para animales afectivos.

De los dos pasos que había dado el gobierno, tuvo que echar uno atrás. Aquella pequeña victoria era insuficiente para Javier, comentó a medios digitales, pero parecía un motivo de alegría en medio de la tan aplazada ley de bienestar animal.

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