La Plataforma 11M pide derechos, pero no para todos (+tuits)
La plataforma 11M vuelve a postear un comunicado este 5 de octubre de 2020. La emprende contra la mayor organización de la sociedad civil cubana: la Iglesia.
Esto forma parte de su ya cansona línea de acusar a todo el que no comparta su opinión como fascista-machista-sexista-loqueseafóbico.
II Declaración de la Plataforma 11M
En días recientes, seis denominaciones cristianas, la mayoría de ellas pertenecientes a la Alianza de Iglesias Evangélicas Cubanas (AIEC), han publicado en sus perfiles de redes sociales declaraciones oficiales. pic.twitter.com/cCQPxKYyCt
— La Joven Cuba (@lajovencuba) October 5, 2020
En este caso, los escribientes se quejan de que la pastora de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana (ICM), Elaine Saralegui, fue atacada tras una entrevista en Russia Today (RT), retransmitida por la televisión estatal cubana.
En la entrevista Saralegui acusaba de fundamentalistas a las más grandes iglesias evangélicas cubanas y con ellas a sus cientos de miles de miembros (obreros, emprendedores, médicos, estudiantes, jóvenes, adultos, ancianos, y un largo etcétera), por el simple hecho de creer en lo que dice su libro sagrado: que el homosexualismo es un pecado.
Como respuesta, varias de esas iglesias solicitaron el derecho a réplica por parte de RT (cosa sobre la que el corresponsal de esa televisora y conocido defensor del castrismo Oliver Zamora Oria, ha hecho mutis), y explicaron su doctrina teológica a través de comunicados oficiales.
Institucionalmente, la respuesta fue civilizada y precisa. Incluso, la de la Convención Bautista Occidental se preguntaba razonablemente cómo logró la ICM, una organización que no está inscrita en el Registro de Asociaciones, insertar en el controlado espacio televisivo nacional una larga entrevista. Mientras, a otras entidades religiosas en la misma situación legal, les son demolidos templos, sus pastores esposados y apresados, sus feligreses coaccionados.
El artículo 15 de la constitución explica que “las instituciones religiosas y asociaciones fraternales están separadas del Estado y todas tienen los mismos derechos y deberes. Las distintas creencias y religiones gozan de igual consideración”. Sin embargo, la ICM (con un centenar de miembros) es más igual que otras.
En casos como el del Movimiento Apostólico, se estima una membresía de 4 mil cubanos, pero su liderazgo no disfruta ninguno de los privilegios que Saralegui.
Pasaron unos pocos días para que el victimismo emergiera. Varios activistas Lgbt postearon en redes que las iglesias los estaban atacando, especialmente a Saralegui. El enemigo que denunciaban con tanta vehemencia y sólo ellos lograban ver, parecía ocultarse tras las declaraciones de las Iglesia.
¿Será que la confrontación de ideas en el plano Teológico tampoco está permitida? ¿Hiere tanto citar un versículo que aparece en la misma Biblia que Saralegui dice leer? ¡Qué opresores!
Desde Facebook y Twitter un enjambre de cuentas azuzaban el fuego imaginario de Saralegui, entre ellas la de dos destacados simpatizantes del socialismo (vaya sorpresa): Yasmín S. Portales y Roberto Ramos Mori.
A los días llegó un texto divulgado por la Plataforma 11M denunciando: «cualquier acto de violencia e insta a las instituciones pertinentes a tomar parte en la protección de los derechos de todas las personas».
Más delante dice: «No es la primera vez que estos grupos cristianos arremeten contra las luchas de activistas por los derechos sexuales; del mismo modo en que disienten de la voluntad política del Estado por la ampliación y reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+». Creo innecesario remarcar la adherencia de 11M a las políticas de la dictadura respecto a la agenda Lgbt.
11M desoye así el reclamo de grupos Lgbt como NewGeneration, que en mayo de este año acusó a una serie de ser cómplices en «la persecución y hostigamiento a los activistas independientes»
Pidió entonces al Departamento de Estado y al Servicio de Inmigración de EEUU cancelar el visado o impedir la entrada a EEUU a exfuncionarios y funcionarios como Alberto Roque Guerra, Francisco Rodríguez Cruz y, ¡oh!, Elaine Saralegui.
El comunicado de 11M añade que los religiosos son «antiderechos» (!?), y termina la arenga con esta ilustrativa frase:
«Plataforma 11M insiste en la inclusión, dentro del cronograma legislativo, de una ley de culto que regule las crecientes manifestaciones públicas de conservadurismo político que se gestan dentro de estos grupos religiosos, sin que se coarte el derecho de cada persona a profesar su fe y creencias religiosas.»
Es decir, piden al Estado totalitario que amordace toda manifestación pública de personas conservadoras, que no comulguen con la agenda Lgbt (que no es lo mismo que la comunidad gay).
Líder religiosa procastrista pide que el Estado reprima aún más a iglesias cubanas
En otra parte dice que los cristianos no han sido reprimidos o llamados «mercenarios» cuando se han levantado contra el comunismo. Nada en el texto puede estar más alejado de la verdad.
Los líderes de las iglesias que mencionan al inicio fueron regulados por meses, citados e interrogados por la Seguridad del Estado.
El pastor bautista Carlos Sebastián Hernández, en su sermón del pasado domingo, desenmascaraba al régimen como verdadero culpable de la división en el tejido social nacional.
Él mismo fue llamado «contrarrevolucionario» por un medio del Partido Comunista en el año 2019.
La represión que entre 2018 y 2019 aconteció a los pastores evangélicos, recordemos, ocurrió tras llevar adelante la campaña más exitosa y extendida que haya vivido Cuba desde la sociedad civil en el último medio siglo.
Los líderes religiosos se pronunciaron en contra de la introducción de la ideología de género en la constitución de 2019 y a favor de la libertad económica, de conciencia y otras. Curiosamente, a estos últimos temas no le prestaron atención los medios estatales ni los no estatales, siendo la primera vez en que coincidían ambas agendas.
Lo que no menciona el comunicado de 11M es que fue una comisión constituyente, encabezada por el propio dictador Raúl Castro, quien promulgó el matrimonio gay en la carta magna.
Según cifras oficiales, un 66 por ciento de las reuniones registraron desacuerdos con el artículo 68, aún cuando el estatal Cenesex, liderado por la infanta Mariela Castro, y todo activista Lgbt, invirtieron tiempo y recursos ingentes en adoctrinar a la población cubana.
Usaron como bandera el hashtag #El68Va. Pero el 68 no fue.
Desde la sociedad civil cubana la Iglesia lideró a un considerable grupo de individuos en desacuerdo con la propuesta del régimen comunista. Cristianos y no cristianos. También se unieron, desde sus asociaciones, abakuás y musulmanes. Y vencieron.
Esa fue una victoria para la población cubana que, por vez primera y organizada, dio marcha atrás a un dictado del Palacio de la Revolución.
Es entendible que medios como La Joven Cuba o plataformas como 11M (ambos con miembros afines a la tiranía o, tangencialmente, al socialismo) quieran presentar otra narrativa.
Algunos de ellos sueñan teorías conspiranóicas como una presunta «alianza» entre iglesia evangélica y el Partido Comunista, y de manera simultánea aseguran que esas instituciones son pagadas por Donald Trump. Tienen que ponerse de acuerdo en el relato, la contradicción los deja en calzones frente a la opinión pública.
No por gusto en una cantidad creciente de grupos en Facebook y en perfiles de Twitter los memes sobre la agenda Lgbt y sus abanderados en Cuba son el pan diario de cientos de jóvenes (ateos, creyentes, agnósticos, fuera y dentro de la isla).
Mientras la plataforma 11M se presenta como una luchadora por la justicia social, en la práctica funciona como otra organización paradictatorial, que ruega al Estado que reprima al pensamiento conservador, al liberalismo económico, a la derecha, a los cristianos y a cualquier otro grupo que, por más de 60 años, el Estado comunista ya viene machacando.
No es ocioso recordar que los creyentes han propuesto, ante el real problema que significan los trámites de heredad en una relación homosexual, que se apruebe la unión de hecho. Por ello ha abogado, incluso, Sandy Cancino, evangélico que en 2018 y 2019 sufrió ciberacoso y bullying coordinado por parte de varios miembros actuales de la plataforma 11M.
La iglesia católica también ha dado su voto por la unión de hecho.
El periodista René Gómez escribió sobre este aspecto para un artículo: «las grandes objeciones que se formulan a la legalización de las uniones homosexuales (al menos en Cuba) se basan no tanto en que estas tengan un reconocimiento oficial, sino en que, con ese fin, se utilice la misma institución del matrimonio, que durante milenios (desde antes del surgimiento del Estado) ha existido solo como la unión de un hombre con una mujer».
Más adelante puntualizó: «Si las cosas marcharan por el camino de las llamadas ‘uniones civiles’ u otros análogos, creo que la inmensa mayoría de nuestros ciudadanos no tendría objeción alguna a que las parejas homosexuales recibiesen un reconocimiento oficial. Esto –creo– incluiría a los creyentes, a quienes el 11M, so pretexto de la separación entre Iglesia y Estado, pretenden despojar de su derecho a pronunciarse sobre el tema«.
Pero 11M y los activistas más radicales de la izquierda colaboran para que la población y la propia comunidad que dicen representar no sepa que hay puntos de consenso, que hay una solución viable. Como han experimentado otros países desarrollados, puede garantizarse a la unión consensual los derechos legales a la herencia, las reclamaciones de familiares por motivos migratorios, beneficios de la seguridad social y otros reclamos prácticos de la comunidad LGTB; sin alterar la concepción tradicional del matrimonio como base de la sociedad.
Prefieren persistir en la retórica de la confrontación, que quebranta más el diálogo social, y, otra vez, los medios que se autodenominan independientes reproducen el cotilleo sin contrastar los hechos, perdiendo cada vez más el contacto con la realidad, colaborando así con una agenda de limitaciones a las libertades individuales por motivos de conciencia. No en vano el entramado mediático estadounidense, por ejemplo, se encuentra en franco declive de credibilidad.
Documentos como el publicado por 11M y tan alegremente reproducido por medios dizque independientes revelan un penoso panorama para el futuro poscastrista cubano: grupos de presión que no temen solicitar que a ciudadanos que no comulguen con la agenda de la izquierda se les prohíba el acceso a medios de comunicación o a espacios públicos por el mero hecho de sus ideas.
Este discurso es escalofriantemente similar al del régimen imperante hoy en Cuba.
No obstante, 11M suma a su carrera contra la libertad de expresión, la idea de que las creencias deben admitirse «siempre que no amenacen los derechos del resto de la ciudadanía». Acá, por si fuera poco, se pega un disparo en el pie: son ellos quienes reclaman la intervención de ese ente monopolizador de la violencia, conocido como Estado, para limitar derechos como el acceso a medios de comunicación, a educación administrada por distintas instituciones y a la libre expresión de la fe de cada ciudadano.
¿Será que desconocen que un 65 por ciento de la población se declara nominalmente católico o protestante? ¿En el universo paralelo, incluyente y multicolor de los activistas Lgbt cubanos ellos también caben? ¿O se trata de un mundo liberador para los oprimidos como el que regenta benévolamente la familia Castro desde 1959?
11 M reproduce también la retórica del régimen con líneas como la siguiente: «La NED y la USAID han donado miles de dólares para subvencionar las actividades de estos grupos en los últimos años».
Con esa lógica maniquea, binaria (como prefieren decir los Social Justice Warriors cubanos) 11M se pega otro tiro en el pie: varios miembros del grupo, como Mónica Baró y Luz Escobar han recibido pagos, capacitaciones o han participado en eventos de periodismo auspiciados por donantes de USAID o NED bajo «la administración del presidente Donald Trump».
Lo que ocurre con 11M y otras entidades de la fauna neosocialista es que van contra otros actores de la sociedad civil (digamos, Danay Suárez, a quien pidieron enjuiciar por ejercer su libertad de conciencia y expresión, o el grupo teatral Los Parchís, expulsados de su centro laboral durante meses por manifestar públicamente su fe), antes de ir contra el verdadero causante de los males en la isla: el castrocomunismo.
Les conviene la cobardía.
* Escrito por Néstor Gutiérrez, especial para Cuba Trendings